El Ministerio de Trabajo ha difundido un criterio interpretativo de la Dirección General de Trabajo para garantizar que la caída en el trámite parlamentario de la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 no tenga impacto en los contratos ya en vigor. Estos acuerdos laborales no podrán ver reducida la cuantía del salario únicamente por la derogación del Real Decreto-ley ómnibus rechazado ayer en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts.
Ese decreto incluía la extensión del SMI de 2025, fijado en 1.184 euros mensuales en catorce pagas, mientras no se aprobara la nueva referencia de 2026, que el Ministerio de Trabajo pretende situar en 1.221 euros al mes.
Una vez se apruebe el nuevo SMI para 2026, su entrada en vigor se producirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se aplicará con efectos para todo el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.
Trabajo ha subrayado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social controlará la correcta aplicación de la normativa del orden social y de este criterio interpretativo, de modo que la caída del decreto ómnibus no pueda utilizarse para rebajar el salario de los trabajadores que cobran el SMI.