El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado a los agentes sociales el próximo viernes, 16 de enero, a las 09.00 horas, para seguir avanzando en la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, según han indicado a Europa Press fuentes sindicales.
En la última reunión, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, trasladó a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme una propuesta de incremento del SMI del 3,1% para 2026, hasta 1.221 euros mensuales en catorce pagas y sin tributación en el IRPF, lo que supone 37 euros más al mes que en la actualidad, con efectos retroactivos desde el 1 de enero una vez se apruebe.
La oferta del Gobierno se ajusta a los escenarios planteados por el Comité de Expertos que asesora sobre el SMI, que había recomendado un alza del 3,1% si se mantenía la exención fiscal o del 4,7% en caso de que comenzara a tributar.
Para facilitar el respaldo de la CEOE, Trabajo se ha comprometido a analizar "seriamente" posibles reglas de "relajación" de la Ley de Desindexación en los contratos públicos, una demanda compartida por sindicatos y patronal, y que la organización empresarial ya había puesto como condición para apoyar las subidas del SMI de 2025 y 2024, sin lograr entonces un acuerdo.
La vinculación del salario mínimo a los contratos públicos es también una reivindicación del departamento que dirige Yolanda Díaz, que ha defendido "reiteradamente" estudiar, dentro del marco fiscal, tributario y laboral, fórmulas para introducir reglas de afectación y relajación del impacto salarial en la contratación pública, una pretensión que en anteriores ocasiones se ha topado con la resistencia del Ministerio de Hacienda.
De hecho, la vicepresidenta reconoció en una entrevista el pasado miércoles que "hay una discrepancia con el Partido Socialista" en esta materia.
Aun así, Trabajo prevé explorar con los ministerios implicados y con la mayor rapidez posible un acuerdo "para relajar las reglas de desindenxación en algunos casos de condiciones de trabajo", aprovechando la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos, en cuyo marco también se está debatiendo en el diálogo social tripartito la modificación de las reglas de compensación y absorción para evitar que la subida del SMI quede neutralizada por pluses o complementos.
Tras el último encuentro, los agentes sociales se comprometieron a analizar internamente la propuesta del Ejecutivo, y todo indica que, si no se producen cambios de calado, CCOO y UGT terminarán respaldando el acuerdo.
La patronal, por el contrario, mantiene una postura prudente y aún no ha fijado públicamente su posición, aunque tanto Trabajo como los sindicatos han valorado su comportamiento "propositivo" en esta negociación, hasta el punto de que Pérez Rey se ha mostrado confiado en que la CEOE acabe sumándose.
Los sindicatos, que plantearon inicialmente un incremento del 7,5% con tributación en el IRPF, consideran que el alza del 3,1% sin tributar supera en cualquier caso la inflación media prevista para 2025 (2,7%), lo que permitiría compensar el aumento del coste de la vida y, al mismo tiempo, avanzar en el objetivo de garantizar el 60% del salario medio neto recomendado por la Carta Social Europea.
Fuentes empresariales han señalado a Europa Press que, en función de cómo se aborde la cuestión en la cita del viernes, la CEOE fijará su postura sobre la subida del SMI en la reunión de su Junta Directiva, prevista para el 19 de enero.
Si finalmente la patronal respalda la propuesta gubernamental, el SMI aumentaría en 2026 el doble de lo que defendía la propia CEOE, partidaria de limitar el incremento al 1,5%, hasta 1.202 euros brutos al mes.
Reforma de las reglas de absorción y compensación
La intención de Trabajo es aprobar de forma separada, pero dentro de un pacto global, por un lado la nueva cuantía del SMI y, por otro, la reforma de las reglas de absorción, incorporando así al ordenamiento español la directiva europea de salarios mínimos.
Sin embargo, la modificación de las reglas de absorción y compensación se perfila compleja, ya que el Ministerio y las organizaciones sindicales apuestan por sacarla adelante mientras que la CEOE se opone.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reiterado que las centrales sindicales no renunciarán a esta reforma y que debe elevarse al Consejo de Ministros el mismo día en que se apruebe el SMI de 2026, aunque su entrada en vigor se retrase por los trámites necesarios.
El SMI seguirá exento de IRPF
Lo que sí está confirmado es que el SMI de este año no tributará, después de que Trabajo haya cerrado con Hacienda —departamento competente en la materia— que el aumento quede de nuevo exento, tal y como ha explicado el secretario de Estado de Trabajo.
Hacienda se había mostrado dispuesta a revisar la deducción vigente en el IRPF para adaptarla al incremento del salario mínimo de este año, un esquema que, sin embargo, no convence al líder de UGT, que ha tildado esta opción de "parche".
Las últimas subidas del SMI y el papel de la patronal
Por ahora, el SMI se mantiene en la misma cuantía con la que cerró 2025, es decir, 1.184 euros mensuales en catorce pagas.
El Gobierno aprobó en febrero de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año, una subida del 4,4%, hasta 1.184 euros al mes por catorce pagas, 50 euros más que en 2024.
Ese incremento fue fruto de un acuerdo entre Trabajo y CCOO y UGT, sin el respaldo de las organizaciones empresariales. De este modo, la subida de 2025 se pactó exclusivamente con los sindicatos por quinto año consecutivo.
La última vez que CEOE y Cepyme apoyaron una subida del SMI fue en 2020, cuando pasó de 900 a 950 euros mensuales.
Legalmente, Trabajo no está obligado a negociar el aumento del SMI, sino únicamente a realizar consultas, aunque el departamento suele intentar cerrar acuerdos con sindicatos y patronal.