La Inspección de Trabajo ha finalizado sus pesquisas sobre Uber Eats con una propuesta de liquidación de 110 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales no abonadas y el alta de 60.000 repartidores considerados falsos autónomos, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Yolanda Díaz tras una información adelantada por “El País”.
El pasado mes de julio, la Inspección abrió un expediente sobre la plataforma para comprobar si su fórmula de contratación respetaba la obligación legal de reconocer como asalariados a los repartidores.
Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz se ha supervisado con rigor que el sistema de contratación de las empresas de reparto se ajuste a las exigencias de reconocimiento de la relación laboral fijadas en la denominada “Ley Rider”.
Esta norma, que impone a las plataformas digitales de reparto la obligación de incorporar a sus ‘riders’ como empleados por cuenta ajena, entró en vigor en agosto de 2021.
La ley, fruto del pacto entre el Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, regula los vínculos laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de productos o mercancías y las personas que realizan estas tareas.
El texto legal consagra la presunción de laboralidad de quienes prestan servicios remunerados de reparto a través de compañías que organizan esta actividad mediante una plataforma digital, siguiendo el criterio fijado por la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020, que determinó que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
Uber Eats abandona el modelo de repartidores autónomos
Uber Eats comunicó el pasado mes de enero su decisión de dejar de operar con repartidores autónomos en España.
“Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider. Después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”, aseguró entonces un portavoz de la plataforma.
La compañía de reparto de comida a domicilio detalló que los repartidores que aún utilizaban la aplicación como autónomos podrían seguir prestando servicio como asalariados de alguna de sus flotas colaboradoras.
“Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos”, recalcó Uber Eats el pasado mes de enero.
Con este movimiento, la plataforma de ‘delivery’ siguió la senda de Just Eat, pionera en la contratación laboral de sus repartidores, y de Glovo, que en diciembre de 2024 anunció la modificación de su modelo en España para operar con repartidores laborales en lugar de autónomos.
Uber Eats defendió en enero que se adaptó a la Ley Rider en 2021, optando por el modelo laboral en España, mientras que en 2022 ya funcionaba con un sistema mixto en el que los repartidores podían escoger entre ser asalariados o autónomos. De este modo, en 2025 más de 7.000 repartidores habían sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras.