Este jueves ha tenido lugar la mesa de diálogo social convocada por el Ministerio de Trabajo para abordar la democratización de las empresas. Una cita que arranca el proceso con el que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aspira a regular la entrada de los sindicatos en los consejos de administración de las compañías españolas, pero que no ha contado con la presencia de las principales organizaciones de la patronal, CEOE y CEPYME.
En rueda de prensa posterior a la reunión, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha destacado que esta cita es “histórica" por lo que considera son "deudas pendientes" con centenares de miles de trabajadoras y trabajadores en España, recordando que el artículo 129 de la Constitución exige a los poderes públicos promocionar fórmulas de participación de los trabajadores en las empresas.
“Durante años este artículo ha estado francamente olvidado, nunca del todo desarrollado. Hoy es el primer intento serio en la democracia española de llevar a cabo una verdadera regulación de la democracia en nuestras empresas”, ha recalcado.
Así, Pérez Rey, ha instado a la CEOE a dejar atrás el “radicalismo” y el “ensimismamiento” y a reincorporarse a la mesa de diálogo social sobre la democratización de las empresas. Este foro se ha constituido este jueves únicamente con la participación de CCOO y UGT.
CEOE y CEPYME critican la iniciativa por "intervencionista"
Por su parte, las organizaciones empresariales consideran que la propuesta impulsada por el departamento de Díaz constituye “un nuevo ejercicio de intervencionismo” y supone, además, una vulneración del derecho a la propiedad privada.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, arremetió este martes contra el Ministerio de Trabajo por plantear, “con la que está cayendo”, el “debate absurdo” sobre la entrada de los sindicatos en los consejos de administración de las compañías.
Informe de expertos como base para la normativa
“Deseo que cuando tengamos culminado el proyecto normativo para dar cuerpo a la democracia en la empresa, que será un proyecto propio del Ministerio de Trabajo, podamos volver a contar con la presencia de una patronal”, ha señalado Pérez Rey a la salida de la reunión de la mesa de diálogo social para abordar la democracia en las empresas.
Según ha explicado, España debe dar pasos en este terreno, y por ello el Ministerio de Trabajo encargó un informe a un grupo de expertos, documento que se ha entregado esta tarde a las organizaciones sindicales. A partir de ese informe, y también de las aportaciones de los sindicatos y de las consideraciones que se planteen en el Parlamento, el Gobierno elaborará una propuesta para el desarrollo normativo del artículo 129 de la Constitución.
Posteriormente, ha precisado Pérez Rey, ese proyecto normativo se compartirá tanto con las organizaciones sindicales como con la patronal, que este jueves ha optado por no acudir a la mesa porque “no aguantan un asalto”.
Crítica a la CEOE por rechazar el diálogo
Asimismo, ha remarcado que “es la primera vez que la patronal española rechaza expresamente acudir, sentarse a dialogar, porque yo no les he invitado para que me digan que sí a la propuesta o para que la compartan, sino que les he citado”, al tiempo que ha criticado que la CEOE haya comunicado su ausencia mediante una nota de prensa.
“Decir que desarrollar la democracia en la empresa es inconstitucional es tanto como decir que nuestra Constitución es inconstitucional. Decir que la propiedad privada en nuestro país o la libertad de empresa hacen incompatible el desarrollo de fórmulas de participación de los trabajadores con la Constitución es tanto como decir que somos el único país de Europa que no puede avanzar en estas fórmulas”, ha argumentado.
En esta misma línea, ha acusado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de situarse “más cerca de Milei, Trump y Vox” que de los intereses reales de las compañías a las que representa, y ha criticado sus “excesos verbales” y la renuncia de la patronal a ejercer como interlocutor social.
“Que yo sepa, la patronal tiene muy pocos otros cometidos que dialogar socialmente con las organizaciones sindicales, con el Gobierno, para avanzar en las fórmulas que nuestro sistema productivo, el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras, y el rendimiento de sus empresas requieren”, ha añadido.
La patronal madrileña y catalana critican al Gobierno por una actitud “hostil”
Por su parte, los presidentes de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y de CEIM, Miguel Garrido, han denunciado este miércoles lo que consideran una actitud hostil y excesivamente intervencionista del Gobierno español hacia los empresarios durante un acto organizado por la Fundación Conexus en Madrid.
“En estos momentos, los empresarios estamos sufriendo ataques permanentes que dificultan mucho nuestra función. Estamos padeciendo un Gobierno enormemente intervencionista y hostil en muchos casos”, ha afirmado Garrido, quien ha subrayado que la criminalización de los beneficios empresariales y la sobrerregulación “asfixian” a las compañías y dificultan su competitividad en el mercado.
Sánchez Llibre ha compartido estas críticas, apuntando que el PSOE y su socio de coalición, Sumar, plantean medidas que pueden poner en riesgo la supervivencia de pequeñas y medianas empresas y de trabajadores autónomos, y ha calificado de “principal reto” el absentismo laboral, que según datos de Foment genera un coste estimado de 37.000 millones de euros anuales y afecta a 1,6 millones de trabajadores.
“Estamos ante un problema que requiere medidas urgentes. El absentismo impacta directamente en la productividad y competitividad de nuestras empresas”, ha remarcado el presidente de la patronal catalana, quien ha pedido una reflexión conjunta entre empresarios, sindicatos y administraciones públicas.