El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha decidido retrasar la reunión que estaba prevista para mañana, 16 de enero, con los agentes sociales, en la que se iba a tratar la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026. El encuentro aún no se había convocado de forma oficial, según han señalado fuentes de Trabajo.
Con este aplazamiento, Trabajo deja en suspenso la reunión con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme que debía celebrarse mañana y en la que la titular del Ministerio, Yolanda Díaz, confiaba en poder cerrar la negociación de la próxima subida del SMI, tal y como explicó ayer en una entrevista.
La propuesta trasladada por Trabajo a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme consiste en incrementar el salario mínimo interprofesional un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, sin tributación en el IRPF. Esto supondría 37 euros más al mes respecto a la cuantía actual, con efectos retroactivos desde el 1 de enero una vez se apruebe.
Esta oferta se ajusta a las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno en materia de SMI, que planteó una subida del 3,1% si continuaba exento de IRPF o del 4,7% en caso de que pasara a tributar.
Para facilitar un entendimiento con la patronal, el equipo de Díaz se ha comprometido a analizar "seriamente" posibles reglas de "relajación" de la Ley de Desindexación en los contratos públicos, una reivindicación compartida por sindicatos y organizaciones empresariales, y que la CEOE ya había exigido como condición para respaldar las subidas del SMI de 2025 y 2024, sin lograr entonces un acuerdo.
Trabajo también respalda la idea de vincular el salario mínimo a los contratos públicos y ha defendido "reiteradamente" estudiar si, dentro del marco fiscal, tributario y laboral, pueden fijarse reglas de afectación y relajación del impacto salarial en la contratación pública, una propuesta que en ocasiones anteriores se ha topado con la oposición del Ministerio de Hacienda.
De hecho, Yolanda Díaz reconoció en una entrevista la semana pasada que "hay una discrepancia con el Partido Socialista" en esta cuestión.
Aun así, Trabajo prevé negociar con los ministerios implicados, y con la mayor rapidez posible, un acuerdo "para relajar las reglas de desindenxación en algunos casos de condiciones de trabajo", aprovechando la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos. En ese marco, el diálogo social tripartito está revisando también las normas de compensación y absorción para evitar que la subida del SMI quede neutralizada por pluses o complementos salariales.
Tras la última mesa de negociación, los agentes sociales acordaron analizar la propuesta del Ejecutivo en sus órganos internos de decisión. Todo indica que, salvo cambios de calado, CCOO y UGT respaldarán el pacto.
La patronal, por su parte, mantiene una postura prudente y aún no ha fijado públicamente su posición sobre la oferta gubernamental, aunque tanto Trabajo como los sindicatos han destacado su actitud "propositiva" en este proceso, hasta el punto de que Pérez Rey se ha mostrado confiado en que la CEOE termine sumándose al acuerdo.
Los sindicatos, que defendían un incremento del 7,5% con tributación en el IRPF, consideran que el alza del 3,1% sin tributación se sitúa, en cualquier caso, por encima de la inflación media estimada para 2025 (2,7%), lo que permitiría compensar el aumento del coste de la vida y avanzar hacia el objetivo del 60% del salario medio neto que marca la Carta Social Europea.
La CEOE, en cambio, ha planteado que la subida del SMI para este año se limite al 1,5%, hasta los 1.202 euros brutos mensuales en catorce pagas, y que estas cantidades no queden exentas de tributación en el IRPF.
Díaz negocia con Montero una fórmula de indexación
Paralelamente, Díaz ha explicado que está trabajando con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una propuesta después de que los agentes sociales reclamaran en la última mesa del SMI que se indexe en los contratos públicos una parte del impacto que la subida del salario mínimo tiene sobre las empresas.
"Desde el día que subí el salario mínimo en el año 20 hasta hoy, lo saben los agentes sociales, he defendido esto. Pues bien, estamos trabajando con la ministra de Hacienda, el Gobierno de España, para hacer una propuesta en este sentido", señaló ayer Díaz.