El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, calcula que durante la primera quincena o, en todo caso, antes de que finalice enero, quedará acordado con las organizaciones sindicales un texto definitivo de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de que pueda comenzar su tramitación como proyecto de ley de forma “inmediata”.
Así lo ha señalado este lunes, al ser cuestionado por este asunto en la rueda de prensa en la que se han presentado los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes a diciembre de 2025.
En ese mismo comparecencia, el secretario de Estado ha vuelto a reprochar que la CEOE haya decidido autoexcluirse del pacto tras casi veinte meses de conversaciones y pese a trabajar sobre un documento que, según ha recordado, estaba “avanzadísimo”.
Según ha explicado el ‘número dos’ de Trabajo, las actuales cifras de siniestralidad laboral en España, con más de 800 fallecidos al año en el puesto de trabajo, junto a la falta de una respuesta adecuada en ámbitos como la perspectiva de género en salud laboral, el efecto de las nuevas tecnologías o todo lo relativo a la salud mental de la plantilla, convierten en “impostergable” la actualización del sistema de prevención.
“Está muy avanzada, está muy preparada. De hecho, puedo decir que en buena medida está casi toda ella dialogada con los interlocutores sociales y esperemos, por tanto, iniciar la tramitación de este proyecto de ley a la mayor brevedad, insisto, cerrando un acuerdo con las organizaciones sindicales, que espero que se produzca durante el mes de enero”, ha remachado Pérez Rey.
A la espera de la propuesta sindical sobre la reforma del despido
En relación con la reforma del despido, Pérez Rey ha indicado que el Ministerio de Trabajo permanece pendiente de que las organizaciones sindicales, que impulsaron las denuncias ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, remitan formalmente su propuesta.
“Es un secreto a voces que la patronal ha declinado participar en esa mesa, pero bueno, no se entienden tampoco las razones de levantarse o ausentarse de una mesa de diálogo social a la que nos obliga, por otra parte, el cumplimiento de los tratados internacionales, en concreto la Carta Social Europea”, ha señalado el secretario de Estado.
Trabajo constituyó en octubre la mesa de diálogo social para abordar cambios en la regulación del despido después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) diera la razón a UGT y CCOO y condenara a España por considerar insuficiente la indemnización por despido improcedente, al entender que no supone una compensación “plenamente resarcitoria y disuasoria” para la persona trabajadora, vulnerando así el artículo 24 de la Carta Social Europea ratificada por España.
No obstante, apenas dos días después del arranque de las conversaciones, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, comunicó que la patronal se retiraba de la mesa de negociación sobre el despido al entender que la premisa de partida “no es cierta”.