El Ministerio de Trabajo ha solicitado a la Fiscalía que abra diligencias sobre la decisión de la Generalitat Valenciana de dejar sin efecto varias sanciones impuestas a empresas durante la DANA de octubre de 2024 en materia de prevención de riesgos laborales, con el fin de determinar si podría haberse cometido un delito de prevaricación administrativa, según han señalado a Europa Press fuentes de este Departamento.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia había acordado estas sanciones por los accidentes laborales producidos de facto, así como por los riesgos graves detectados durante la DANA del 29 de octubre de 2024.
En los expedientes se acreditaba que las empresas no habían adoptado las medidas preventivas necesarias para proteger la seguridad e integridad de sus plantillas, lo que, de acuerdo con Trabajo, expuso a los trabajadores a situaciones de riesgo grave que, en uno de los casos, derivó en la muerte de un empleado.
No obstante, según el Ministerio que dirige Yolanda Díaz, estos expedientes fueron anulados por la autoridad laboral valenciana “de forma totalmente injustificada, evitando de forma consciente, la sanción a las empresas por los graves hechos puestos de manifiesto por los inspectores”.
De este modo, Trabajo entiende que la decisión resultó “arbitraria y eventualmente delictiva” y ha remitido a la Fiscalía los procedimientos sancionadores que fueron anulados por la Generalitat Valenciana para que se pronuncie al respecto.