El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado el trámite de consulta pública de un proyecto normativo para conceder subvenciones a las sociedades de garantía recíproca que operan en el ámbito del transporte por carretera. Con esta iniciativa se pretende facilitar a las empresas el acceso a avales que les permitan adquirir vehículos nuevos menos contaminantes y avanzar en la descarbonización del sector.
La consulta permanecerá disponible hasta el 20 de marzo. Durante este plazo, la ciudadanía, las administraciones públicas, las empresas, así como organizaciones y asociaciones, podrán remitir sus observaciones y propuestas mediante el formulario específico habilitado en la página web del Ministerio.
En el mercado español del transporte por carretera predominan los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes), que a menudo se enfrentan a importantes obstáculos económicos para renovar sus vehículos. Por ello, se considera imprescindible el respaldo de la administración para que puedan acometer las inversiones ligadas a la descarbonización del transporte.
En este contexto, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), entidades financieras sin ánimo de lucro, desempeñan un papel clave al proporcionar a autónomos y pymes mejores condiciones de financiación y acceso al crédito, además de asesoramiento especializado.
Las sociedades de garantía recíproca que resulten beneficiarias de estas ayudas públicas tendrán que demostrar que han formalizado avales a favor de empresas de transporte por carretera por un importe mínimo equivalente al 800% de la subvención recibida.
Asimismo, estas entidades deberán conceder avales destinados a compañías de transporte por carretera para la compra de vehículos de las categorías M2, M3, N2 o N3, con una antigüedad inferior a tres años, que cumplan la normativa europea de emisiones más exigente vigente, en la actualidad Euro VI step E, o que se trate de vehículos de cero emisiones.
El importe global destinado a esta línea de subvenciones se fijará en cada convocatoria, estableciéndose que la cuantía máxima por beneficiario no podrá superar los 300.000 euros.