El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha destacado la complicación económica y legal que supondría intervenir en las autopistas AP-9 y AP-66. Esta situación se ha expuesto en un contexto donde, a pesar de un dictamen de la Comisión Europea cuestionando la extensión de la concesión de estas vías, el Ministerio de Transportes ha decidido presentar alegaciones «en defensa del interés general».
«Nosotros hemos llegado al ministerio con una situación de hecho ya producida», ha expresado Santano, mostrando su descontento con el PP por haber extendido dichas concesiones. Recordó que, de no haberse prorrogado, los peajes «hubieran terminado de forma natural» en 2021 y 2023. Esta ampliación ha motivado que Santano solicite «humildad» y una «petición de disculpas» por parte de los políticos del PP que ahora critican la medida.
Santano también ha remarcado las «implicaciones jurídicas y económicas milmillonarias» que conlleva cualquier operación de rescate, y ha enfatizado que «los que rescatan no son los gobiernos, son los ciudadanos y las ciudadanas». En un acto en Asturias y Cantabria, al responder a periodistas sobre si sería más beneficioso rescatar los peajes o potenciar el sistema de bonificaciones, Santano comparó la situación con una hipoteca, preguntando: «¿tiene usted el dinero hoy para pagar la hipoteca?».
El secretario de Estado explicó que las concesiones son aún vigentes y que modificarlas implicaría una «enorme complejidad» debido a los complejos contratos y la diversidad de inversores implicados. Enfatizó que el Gobierno sigue colaborando con la Comisión Europea y defendiendo el interés general, mientras pide prudencia y comprensión ante la complejidad del proceso. «Es muy difícil calibrar el impacto económico», admitió Santano, sin comprometerse a una solución inmediata y dejando la puerta abierta a futuras negociaciones con la Comisión Europea.