Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado su apoyo a las decisiones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que a finales de 2024 exigió a la empresa Airbnb la eliminación de miles de anuncios de alquileres turísticos en su web por carecer de la licencia adecuada y no especificar su naturaleza jurídica.
El TSJM ha evaluado las medidas cautelares impuestas por el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, a través de la Dirección General de Consumo, ordenando la retirada de aproximadamente 35.000 anuncios (34.728 exactamente). Airbnb apeló esta medida, pero el tribunal ha rechazado su recurso, reafirmando su decisión previa de mayo contra otra apelación de la empresa.
En total, se solicitó a Airbnb que eliminara 65.000 anuncios mediante tres resoluciones distintas. Después de que el TSJM respaldara la primera solicitud en mayo, y ahora la segunda, la empresa retiró los anuncios en julio. La tercera resolución no ha sido impugnada por Airbnb.
Desde la Dirección General de Consumo se expusieron tres motivos principales para declarar la ilegalidad de estos 65.000 anuncios. Primero, la falta de un número de licencia o registro obligatorio; segundo, la inclusión de números de licencia incorrectos; y tercero, la omisión en los anuncios de la naturaleza jurídica de los arrendadores.
Además, Consumo ha iniciado un expediente sancionador y mantiene abiertos otros expedientes a grandes gestoras de viviendas turísticas y a agencias inmobiliarias por prácticas engañosas y abusivas. Estas acciones forman parte de la estrategia del Ministerio para enfrentar la crisis de la vivienda en España, según ha indicado Pablo Bustinduy, quien ha señalado que ‘ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley’.