El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este lunes su intención de llevar a cabo más acuerdos similares al realizado con Intel, donde la Administración ha adquirido un 9,9% del capital de la empresa de microprocesadores, con el fin de aumentar el valor de estas compañías y el empleo en la nación.
«NO PAGUÉ NADA POR INTEL, CUYO VALOR ES APROXIMADAMENTE 11 MIL MILLONES DE DÓLARES. Todo va a EE.UU. ¿Por qué la gente «estúpida» está descontenta con eso? Haré tratos así por nuestro país todo el día», expresó Trump en una publicación en TruthSocial, mostrando su apoyo a las empresas que establezcan acuerdos «tan lucrativos con Estados Unidos».
«Me encanta ver cómo sube el precio de sus acciones, haciendo que EE.UU. sea cada vez más rico. ¡¡¡Más empleos para Estados Unidos!!! ¿A quién no le gustaría hacer tratos así?», agregó.
El reciente viernes, Intel Corporation comunicó un pacto con la Administración Trump, mediante el cual el Gobierno de Estados Unidos invertirá 8.900 millones de dólares (7.592 millones de euros) en acciones ordinarias de Intel, reflejando la confianza de Washington en la compañía para impulsar prioridades nacionales clave y su papel esencial en la ampliación de la industria nacional de semiconductores.
Esta participación accionaria del Gobierno se financiará con los 5.700 millones de dólares (4.862 millones de euros) restantes en subvenciones previamente otorgadas, pero aún no pagadas, a Intel en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia, además de los 3.200 millones de dólares (2.730 millones de euros) otorgados a la compañía como parte del programa Secure Enclave.
La inversión de 8.900 millones de dólares se añade a los 2.200 millones de dólares (1.877 millones de euros) en subvenciones CHIPS que Intel ha recibido hasta ahora, totalizando una inversión de 11.100 millones de dólares (9.469 millones de euros).
De esta manera, el Gobierno estadounidense adquiere 433.3 millones de acciones ordinarias de Intel a un precio de 20,47 dólares por acción, equivalente a una participación del 9,9% en la empresa.
En este contexto, la empresa enfatizó el carácter «pasivo» de la inversión del Gobierno, sin representación en la junta directiva ni otros derechos de gobernanza o información.