El soft power, la diplomacia silenciosa o poder blando -como popularmente se conoce a este término anglosajón- podría tener serias consecuencias para las empresas españolas.
Los estadounidenses -explica a Demócrata el economista Javier Santacruz- son muy dados a este tipo de diplomacia. De hecho, el Departamento del Tesoro la practica todos los días. Se trata, en esencia, de una forma de presión que no busca tanto cortar definitivamente las relaciones comerciales como advertir al país afectado de las consecuencias que puede tener no alinearse con la Casa Blanca.
Desde ese punto de vista, y siempre con ese criterio, la cortesía de la Administración estadounidense pasa también por sugerir a las empresas exportadoras del país que vayan buscando otros proveedores y que, en nuestro caso, ignoren a España.
La capacidad discrecional de la Casa Blanca
Se trata de poner obstáculos en procedimientos, normativas, aduanas, fusiones o adquisiciones. En definitiva, endurecer todo tipo de regulaciones: fitosanitarias, medioambientales o sanitarias, además de permisos y licencias.
“La capacidad discrecional de la Administración norteamericana -explica Santacruz a nuestro medio- es enorme”.
Esta práctica -recuerda el economista- ya se dio con la aceituna negra, cuando se impusieron aranceles específicos allá por 2017 y 2018. "Entonces, las consecuencias fueron claras: el comercio de este producto quedó prácticamente paralizado".
Situaciones como aquella podrían repetirse ahora. Compañías como Santander, Grifols o las grandes aceiteras estarían expuestas, en algunas de sus operaciones, a las decisiones que en estos momentos pueda tomar Donald Trump respecto a las relaciones comerciales con España.
Recientemente, Santander ha comprado en Estados Unidos Webster Bank por 12.200 millones de dólares con el objetivo de crecer en el mercado norteamericano. En circunstancias normales, el procedimiento regulador podría durar alrededor de siete meses, afirman fuentes económicas. Sin embargo, con la mano menos flexible de la Administración Trump, ese plazo podría alargarse hasta los doce.
En definitiva, esta sería una forma de poner obstáculos y de que las empresas y, sobre todo, los países, se lo piensen dos veces antes de hacer determinadas manifestaciones públicas.
“En el caso concreto de Banco Santander, la entidad estaría pendiente de que le autoricen esta compra y de conocer qué condiciones le imponen”, apunta Santacruz. Para este economista, la razón de un hipotético soft power no va porque sea una filial americana, "basta que sea la principal entidad española para que le pongan pegas".
La compra de una sociedad de Estados Unidos a un banco americano
Otras fuentes económicas consultadas aseguran, no obstante, que esta casuística, rodeada en parte de especulación, difícilmente se produciría. En esta operación comercial ha sido la sociedad que Santander tiene en Estados Unidos, y que por tanto posee nacionalidad estadounidense, la que compra otro banco americano.
Además -explican a Demócrata- estas operaciones están muy estandarizadas por la Oficina Supervisora y el Departamento de Justicia, que vigila las prácticas de competencia. Por ello, resulta complicado imaginar que Trump vaya a ponerle las cosas difíciles a una empresa norteamericana.
Más aún -añade otra fuente económica-, cuando la relación entre Ana Botín y Donald Trump es buena, como ya se pudo comprobar en el foro de Davos.
Por otra parte, la buena relación entre el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, también parece una garantía de tranquilidad para esta compañía energética con intereses en EEUU, más aún cuando las alianzas se han reforzado en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro.
Barreras y precios más caros
Grifols también está en el punto de mira. La compañía cuenta con divisiones tanto en Estados Unidos como en España.
Respecto a las grandes aceiteras, fue el propio presidente de la Junta de Andalucía quien, el pasado lunes, en El Hormiguero de Antena 3, anticipó que si Trump decide imponer barreras al aceite -el 80 % del aceite de oliva español procede de Andalucía- esa medida acabaría perjudicando a unas 250.000 familias que viven directa o indirectamente de este producto clave para la economía española.
Otras empresas como Navantia, Telefónica o Indra, con participación pública en su capital, no se verían afectadas del mismo modo -detalla Santacruz- porque su modelo de negocio consiste más en comprar a Estados Unidos que en venderle. En ese caso, lo que podría ocurrir es que acabaran pagando los materiales a precios más caros.
Los escenarios de España
Demócrata ha entrevistado a otros tres economistas para analizar los potenciales escenarios económicos a los que podría enfrentarse España en este nuevo contexto de tensión en Oriente Medio.
Para Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, resulta comprensible que el Gobierno haya decidido tomarse un tiempo para analizar la situación. España ya vivió una experiencia similar durante la crisis del petróleo de los años setenta, cuando se decidió bajar el precio del combustible. Aquella decisión terminó desencadenando una enorme inflación de la que al país le costó mucho tiempo recuperarse.
De ahí que resulte fundamental valorar que, si se deja de recaudar mediante medidas de ahorro en productos energéticos, el coste final puede ser elevado. Las subvenciones reducen las señales del mercado, aumenta el consumo, las empresas reducen sus incentivos y eso termina generando más demanda con menos oferta, lo que se traduce en mayores tasas de inflación.
Una situación que preocupa -subraya Pampillón- porque, de prolongarse el peor de los escenarios, la inflación en España podría superar el 3,5 %, con la consiguiente pérdida de competitividad.
Escenarios de riesgo económico
Por su parte, Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket Corporate Intelligence y académico del Cato Institute, y experto en geopolítica internacional dibuja tres escenarios posibles y uno adicional, aún más preocupante.
El primero -el que manejan muchas instituciones y think tanks— contempla una duración del conflicto de entre dos y cinco semanas. En ese caso, el impacto sería relativamente leve, con una pérdida del PIB español de alrededor del 0,4 %, es decir, unos 7.000 millones de euros. La inflación podría aumentar en torno a medio punto.
El verdadero problema aparece cuando el conflicto supera la barrera de los cuatro meses. A partir de ahí, el PIB podría llegar a caer hasta un 1,5 % y la inflación situarse en torno al 4 %. Esto implicaría serios problemas de abastecimiento energético y de otras materias primas.
El escenario más preocupante contempla la entrada en el conflicto de los hutíes, grupo armado chií conocido por su participación en diferentes conflictos de Oriente Medio y que podría convertirse en una válvula de oxígeno para un eventual ejército iraní debilitado.
A ello se suma otro factor: España dispone de un margen de maniobra fiscal muy reducido, lo que trasladaría buena parte del impacto a los precios y a los costes de producción de las empresas.
¿Cuánto durará la guerra de Irán? Nadie lo sabe, y eso es lo relevante.
— Santiago Calvo (@SantiCalvo_Eco) March 11, 2026
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Un margen fiscal en entredicho
Precisamente de la fragilidad fiscal habla para Demócrata Santiago Calvo, doctor en Economía y profesor de la Universidad Hespérides.
A su juicio, una crisis como esta pondría seriamente a prueba las finanzas públicas españolas, en un contexto de deuda cercana al 100 % del PIB y con un déficit todavía considerable.
Calvo insiste en que “España no está preparada para afrontar una crisis energética con una deuda pública —subraya— cuya mitad está en manos de inversores internacionales, entre ellos estadounidenses y judíos, lo que podría precipitar una subida de la prima de riesgo”.
Por ello, este economista recomienda -en línea con el también economista José Carlos Díez- “prudencia, presupuestos, certidumbre y evitar conflictos innecesarios”. A ello se suman Pampillón y Santacruz, que coinciden en la necesidad de recuperar margen fiscal, algo que —concluye— “no se ha hecho y, por ahora, tampoco parece que vaya a hacerse”.