Tubos Reunidos ha comunicado que, una vez concluido sin consenso el periodo de consultas del ERE, se ve “obligada” a poner en marcha el Expediente de Regulación de Empleo que afecta a 301 personas y a analizar todos los escenarios que se abren “ante esta nueva situación”. La compañía ha subrayado que, al no lograrse un pacto con la representación social, se “complica mucho” la reestructuración de su deuda con la SEPI y con las entidades financieras, además de dificultar la obtención de nueva financiación.
La firma, que cuenta con una plantilla de 1.300 personas, ha hecho pública su posición tras finalizar la última reunión del periodo de consultas del ERE, que contempla la salida de 301 empleados, 274 en la factoría de Amurrio y 27 en la de Trapagaran.
El encuentro se ha desarrollado en el Palacio Euskalduna de Bilbao y, tal y como se preveía por las posturas expresadas previamente por los sindicatos en Amurrio, ha terminado sin acuerdo. Las centrales han mantenido su rechazo y han desestimado la última modificación presentada este viernes por la dirección. Solo la plantilla de Trapagaran, menos golpeada por el ajuste, se había mostrado dispuesta a respaldar la propuesta.
Según ha explicado Tubos Reunidos, la comisión negociadora se ha “negado a llegar a un acuerdo que suponía un esfuerzo de la empresa por mantener la actividad y el empleo de 1.000 personas” y el periodo de consultas del ERE ha quedado cerrado este viernes.
En una nota, la empresa ha detallado que, como “último intento” de alcanzar un entendimiento con la parte social, y “en consideración a que existe ya un número muy elevado de personas trabajadoras que se han adscrito a la oferta de la compañía de bajas incentivadas y prejubilaciones”, trasladó a los representantes sindicales que el ERE se ejecutara “única y exclusivamente de forma voluntaria”.
La dirección sostiene que el descenso de la demanda y la consiguiente “sobreproducción que existe en la actualidad es estructural, por lo que hay que redimensionar la compañía”.
En esta línea, ha remarcado que, en los últimos diez ejercicios, Tubos Reunidos solo ha registrado beneficios en dos. Con este escenario, la empresa afirma que se ve forzada a aplicar el ERE y a valorar todas las alternativas que se abren “ante esta nueva situación”.
La compañía ha avanzado que en los próximos días trasladará su decisión definitiva a la comisión negociadora y a la autoridad laboral competente.
Asimismo, ha insistido en que, tras lo sucedido, los pasos previstos a continuación, centrados en la reestructuración de la deuda con la SEPI y con las entidades financieras y en la búsqueda de recursos adicionales, “quedan seriamente afectados”. “Se complican mucho al no alcanzar un acuerdo”, ha recalcado.
La empresa ha recordado que cerró el ejercicio 2025 con unas pérdidas de 71,3 millones de euros y un ebitda negativo de 22,8 millones. La cifra de negocio se situó en 365,7 millones de euros, un 13% más que en 2024, aunque “con un menor precio medio que ha impactado en la rentabilidad”.
Ha puntualizado, no obstante, que estos resultados son aún provisionales, ya que falta incorporar el deterioro de los activos vinculados a la caída de actividad en Estados Unidos, un ajuste que previsiblemente afectará de forma notable al resultado neto.
Como consecuencia de esta situación, Tubos Reunidos ha explicado que la deuda financiera neta ha pasado en el último año de 234,3 millones de euros a 263,2 millones de euros. La SEPI figura entre sus principales acreedores y estaba en marcha una negociación para reestructurar ese endeudamiento.
El pasado 9 de febrero, la compañía presentó a los sindicatos un plan de viabilidad con el objetivo de alcanzar un ebitda positivo a partir de 2027 para “salvaguardar el mantenimiento de su actividad y su futuro”.
El fabricante de tubos se ha visto especialmente afectado por el contexto geopolítico y tenía en Estados Unidos uno de sus mercados más relevantes, ya que en 2023 y 2024 llegó a concentrar cerca del 50% de su facturación. La eliminación de cuotas y exenciones en marzo y la posterior subida de los aranceles al acero hasta el 50% en junio provocaron una fuerte reducción de los pedidos procedentes de ese país.
Ante este panorama, la empresa diseñó un plan de viabilidad articulado en tres ejes: potenciar la diversificación comercial, recortar costes y reestructurar la deuda.
Según expuso Tubos Reunidos, las medidas respondían a la insuficiencia de carga de trabajo por el desplome de los encargos, lo que ha provocado que su coste de producción por unidad “se haya disparado” y le resulte “inviable competir en el mercado con la actual estructura”.
En el apartado de reducción de costes, que se inició con el cierre de la planta de EEUU en 2025, el plan contemplaba la interrupción “paulatina” de la actividad de la acería de Amurrio, la externalización de la fabricación de palanquilla y lingote y la salida de personal ligado al proceso productivo y de otras áreas impactadas de forma indirecta.
Estas medidas implicaban la activación de un ERE para 301 personas entre Amurrio y Trapaga, de las que 87 son eventuales y 214 con contrato indefinido.
Paralelamente, se planteaba una reestructuración de la deuda y del balance, debido a su “elevado nivel de endeudamiento”, con un programa de deuda cuyo vencimiento está fijado en 2028.
En el ámbito de la diversificación comercial, Tubos Reunidos pone el foco en reforzar su presencia en mercados clave como Alemania, Italia, España y Arabia Saudí, consolidar su posición como proveedor de productos descarbonizados, entre ellos la gama O-Next (tubo 0 emisiones), y avanzar en acuerdos de medio y largo plazo con nuevos clientes.
La compañía consideraba esencial para el éxito de su plan de viabilidad alcanzar un entendimiento con la plantilla, un acuerdo que finalmente no ha sido posible.