Tubos Reunidos ha citado a los comités de empresa de sus factorías de Amurrio (Álava) y Trápaga (Vizcaya) a un encuentro el próximo 9 de febrero, en las instalaciones de la planta alavesa, con el fin de "presentar y explicar las medidas del Plan de Viabilidad que afectarán a cada una de las plantas". Entre esas medidas figura la puesta en marcha de un ERE al amparo del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
La dirección del grupo con sede en Álava ha comunicado esta convocatoria tanto mediante una carta remitida a los representantes de los trabajadores como a través de una notificación enviada este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En ambos documentos, la compañía adelanta que en la reunión prevé "explicar de forma clara, directa y transparente las medidas recogidas en el Plan de Viabilidad "ante la compleja situación económica y el contexto internacional actual de los mercados".
Tal y como subraya la empresa, "dichas medidas buscan la viabilidad y mantenimiento de la actividad industrial sostenible y del empleo asociado, con el menor impacto social posible, e incluyen la realización de un ERE conforme al Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre".
En paralelo a este proceso, el pasado jueves el consejo de administración de Tubos Reunidos acordó el nombramiento de Joaquín Fernández de Piérola como presidente no ejecutivo de la sociedad, después de la renuncia de Josu Calvo al cargo.
Calvo señaló que su salida obedecía a circunstancias "sobrevenidas", motivadas por el "aumento considerable" del tiempo de dedicación que exige la compañía.
En el plano financiero, Tubos Reunidos registró en el primer semestre de 2025 unas pérdidas de 28,4 millones de euros, ligadas a la política arancelaria. Además, la empresa mantuvo un ERTE en la planta de Amurrio (Álava) desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.