La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha destacado la urgencia de fortalecer los recursos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) con el objetivo de que la Ley de la Cadena Alimentaria proteja de manera efectiva a los pequeños agricultores y ganaderos frente a prácticas abusivas de grandes operadores.
Según un informe de Uatae, los datos más recientes indican que, en el último trimestre, se han impuesto 21 sanciones sumando más de 373.000 euros, con una media aproximada de 6.200 euros por sanción.
En el año 2024 se realizaron un total de 733 inspecciones y se controlaron 8.036 relaciones comerciales. El 63% de las denuncias recibidas acabaron en sanción. El 46% de las infracciones cometidas durante 2024 correspondieron a incumplimientos de plazos de pago, concentrándose dichos incumplimientos en el eslabón mayorista, ha señalado la organización.
Uatae ha enfatizado que desde 2021 apenas se han registrado dos sanciones por venta a pérdidas, lo cual es el corazón de la protección prometida por la ley. Para Uatae, estos números no son disuasorios y muestran una aplicación insuficiente de la normativa.
María José Landaburu, secretaria general de Uatae, ha manifestado que si cada día se aprieta a quien produce, el campo se vacía y la economía rural se apaga. Necesitamos que la ley se cumpla y los mecanismos de control puedan ser ampliados para una mayor detección de casos, ha expresado Landaburu.
Además, la organización ha recordado que, incluso frente a grandes compañías, las sanciones son modestas comparadas con su volumen de negocio, y alerta de que el Congreso rechazó recientemente (con los votos en contra de PP y Vox) de dotar a la AICA de más capacidad inspectora y sancionadora, una reforma que contaba con el respaldo del propio sector primario.
En este marco, Uatae ha propuesto un conjunto de medidas inmediatas que incluyen el aumento del presupuesto y del personal de la AICA para incrementar las inspecciones a lo largo de toda la cadena, un esquema de sanciones escalado según facturación y reincidencia para que el incumplimiento no sea rentable, un control estricto de los plazos de pago (30 días en frescos y 60 en el resto), y la potenciación de un protocolo específico contra la venta a pérdidas que priorice estas investigaciones.
Hablamos de derechos básicos como cobrar a tiempo, a precio justo y con contrato, ha subrayado la secretaria general de Uatae, que ha añadido que, no hay sostenibilidad del campo sin sostenibilidad económica de sus autónomas y autónomos.
Uatae espera que se reabra la vía parlamentaria para fortalecer la AICA y se logre cumplir así el espíritu de la ley aprobada en 2021, que no era otro que el favorecer la transparencia en la formación de precios y protección efectiva de quien menos poder de negociación tiene.