UBS considera que la propuesta del Gobierno de Suiza para modificar la Ley Bancaria y la Ordenanza de Adecuación de Capital implicaría “importantes costes adicionales” y pondría en riesgo la continuidad del exitoso modelo de negocio del mayor banco del país, al tiempo que “socavaría la competitividad internacional” tanto del centro financiero helvético como de la propia economía suiza.
Según los cálculos de la entidad, si el proyecto se aplicase en los términos planteados, el banco tendría que mantener un volumen adicional de capital CET1 de unos 24.000 millones de dólares proforma (20.620 millones de euros), lo que supondría un refuerzo muy significativo de sus recursos propios.
Este lunes, el banco ha reiterado que la iniciativa supondría unos costes adicionales relevantes y “pondría en peligro la continuidad del exitoso modelo de negocio de UBS”, subrayando que una aplicación estricta y coherente del marco vigente ya habría obligado en su momento a Credit Suisse a acometer ajustes estructurales con mayor antelación para asegurar la viabilidad de la entidad.
En esta línea, UBS defiende que la regulación actual relativa al tratamiento de las filiales en el extranjero “es suficiente” y que una implementación consistente del régimen hoy en vigor podría haber facilitado una reestructuración a tiempo de Credit Suisse como entidad en funcionamiento, sin necesidad de introducir las nuevas exigencias propuestas.
Aunque el banco expresa su respaldo a las iniciativas destinadas a reforzar la estabilidad financiera del país, UBS “se opone” a las medidas de capital planteadas “por no ser proporcionadas, específicas ni estar alineadas con las normas internacionales”, al considerar que exceden lo razonable para el sistema financiero suizo.
En su valoración, la entidad advierte de que, con este nuevo marco, UBS se vería sometido a requisitos de capital al menos un 50% más elevados que los de sus principales rivales globales, lo que, a su juicio, dañaría su capacidad para desarrollar sus negocios tanto en Suiza como fuera de sus fronteras y, en última instancia, “socavaría la competitividad internacional del centro financiero suizo y, a su vez, la economía suiza”.
“Los requisitos de capital extremos generarían costes sustanciales para Suiza”, sostiene el banco, que considera que no reconocer valor de capital regulatorio a las filiales extranjeras supone un “sobreseguro” excesivo, carente de alineación internacional y sin una justificación específica.
“Los cambios legislativos, tal como están redactados actualmente, no abordan las vulnerabilidades expuestas por la crisis de Credit Suisse ni reflejan adecuadamente las lecciones aprendidas de dicha experiencia”, concluye la entidad en su análisis del proyecto normativo.