QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los Estados miembros de la Unión Europea han cerrado este jueves un acuerdo político para mantener inmovilizados de forma indefinida los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados en territorio comunitario, un paso clave para reforzar las salvaguardas jurídicas antes de utilizar la liquidez generada por esos fondos con el fin de costear el «préstamo de reparación» a Ucrania que los jefes de Estado y de Gobierno aspiran a cerrar en la cumbre de la próxima semana.
Según indicaron a Europa Press diversas fuentes comunitarias, una «aplastante mayoría» de países ha dado su visto bueno a nivel de embajadores a la modificación del artículo 122 de los Tratados de la UE. Este cambio permitirá vetar cualquier movimiento o devolución de esos activos a Rusia mientras continúe la agresión militar, amparándose en una cláusula de carácter excepcional que puede activarse mediante mayoría cualificada.
El uso de este instrumento, que evita la exigencia de unanimidad, facilita a los Veintisiete esquivar el bloqueo que Hungría viene amenazando cada vez que se discute una decisión estratégica sobre Ucrania, incluida la renovación semestral del régimen de sanciones que mantiene congelados los 210.000 millones de euros del Banco Central de Rusia depositados en entidades europeas.
Tras el acuerdo político de los embajadores, que debe formalizarse por procedimiento escrito a más tardar el viernes a las 17:00 horas, el Ejecutivo de Viktor Orbán ha difundido un comunicado muy crítico en el que expresa su rechazo frontal a una decisión «sin precedentes» que, a su juicio, prolonga las sanciones contra Rusia «sobre una base legal incorrecta» con el objetivo de «eludir» la regla de la unanimidad que, según Budapest, debería regir este tipo de decisiones.
Las autoridades húngaras censuran además que se adopte una medida con vocación «indefinida» y difícil de revertir —su levantamiento exigiría una mayoría cualificada de los Veintisiete y solo podría plantearse una vez terminada la guerra— utilizando un instrumento que los propios Tratados conciben como «temporal».
Con este pacto, los gobiernos europeos avanzan hacia la decisión que deberán tomar los líderes para respaldar la propuesta de la Comisión Europea de recurrir a los rendimientos de esos activos —la mayoría gestionados por Euroclear, con sede en Bélgica— con el fin de sufragar un préstamo de reparación de 90.000 millones de euros para cubrir las necesidades financieras de Ucrania durante los próximos dos años. Kiev solo tendría que reembolsar ese apoyo si Moscú pone fin a la guerra y compensa económicamente al país por los daños causados.
Al presentar la base legal de este mecanismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que la iniciativa puede aprobarse por «mayoría cualificada» de Estados miembros, incluso si Bélgica mantiene sus reservas. No obstante, los Veintisiete intensifican las negociaciones técnicas y políticas para ofrecer garantías adicionales que permitan a Bruselas revisar su postura.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró esta misma semana que percibe el acuerdo «muy cerca» y se mostró confiado en que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE lo respalden formalmente en la cumbre prevista para el 18 de diciembre.
Ya el lunes, los dirigentes de siete Estados miembros, entre ellos Irlanda, Polonia y Lituania, defendieron en una carta dirigida a Costa y a Von der Leyen el uso de los activos rusos congelados, al considerarlo la opción «más viable» desde el punto de vista financiero y «más realista» en el plano político.
Este posicionamiento se conoció después de que el primer ministro belga, Bart de Wever, reiterara su negativa a la propuesta durante una cena en Bruselas con el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebrada el viernes anterior.
