Este jueves, representantes del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado un consenso para intensificar la supervisión y la transparencia en los pagos electrónicos. Esta actualización de la directiva incluye además incrementadas protecciones para los consumidores y exige rendición de cuentas a los proveedores de servicios de pago online en situaciones de fraude.
La revisión de la directiva de servicios de pago (PSD2) tiene como fin proporcionar herramientas más eficaces contra el fraude, elevar la claridad en las tarifas y fomentar la innovación tecnológica en el ámbito, aunque aún requiere la aprobación formal del pleno del Parlamento Europeo y de los veintisiete estados miembros para su implementación definitiva.
Cambios Significativos en la Normativa
Con los nuevos cambios, se impondrán límites de gasto y medidas de bloqueo a los proveedores para minimizar el riesgo de estafas en transacciones online, siendo estos responsables de compensar las pérdidas de los consumidores en caso de fraude, siempre que no se demuestre la aplicación de medidas preventivas adecuadas.
Por ejemplo, los proveedores deberán verificar que el nombre y el identificador único del receptor sean correctos y denegar la transacción en caso contrario, además de notificar al pagador sobre cualquier irregularidad. Se exigirá también una autenticación robusta del cliente y la realización de evaluaciones de riesgos.
En situaciones donde el estafador inicie o modifique una transferencia, esta será catalogada como “no autorizada”, y el proveedor asumirá el costo total del fraude. Además, deberá bloquear cualquier operación que considere sospechosa.
Adicionalmente, las plataformas online serán responsables frente a los proveedores que deban reembolsar pagos fraudulentos a los clientes, si previamente fueron advertidas de la presencia de contenido engañoso en sus redes y no actuaron para eliminarlo. Los anunciantes de servicios financieros tendrán que demostrar a las plataformas y buscadores que poseen la autorización legal necesaria para ofrecer estos servicios, o que anuncian en nombre de alguien autorizado.
La reforma también busca incrementar la transparencia en las comisiones aplicadas en cajeros automáticos y en los servicios de pago electrónico a comercios, obligando a los proveedores a mostrar todas las tarifas y tipos de cambio antes de efectuar una transacción.
Además, se facilitará el acceso a efectivo en áreas rurales o remotas permitiendo a los comercios ofrecer la retirada de efectivo sin compras, con un límite de 150 euros y bajo sistemas de seguridad chip y PIN.
Finalmente, es obligatorio que los comerciantes utilicen su nombre comercial habitual en los extractos bancarios de los clientes, para facilitar el reconocimiento de los cargos.