Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha declarado su intención de incluir el aumento del coste de la vivienda y los problemas de la contratación parcial en las futuras discusiones del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que sindicatos y empresarios comenzarán tras la expiración del acuerdo actual.
Durante su intervención en el II Comité Confederal de UGT, Álvarez enfatizó la necesidad de involucrar a la patronal en el problema habitacional, considerándolo no solo un desafío social, sino también económico en España. “Las empresas deben ser conscientes de que será cada vez más complicado encontrar empleados dispuestos a mudarse a zonas donde los sueldos no alcanzan para cubrir ni el alquiler de un alojamiento modesto. Por esta razón, es crucial que los empresarios trasladen estas preocupaciones”, afirmó.
El líder sindical también señaló que muchos sectores que operan en áreas con alta demanda habitacional generan “beneficios extraordinariamente altos”, aunque reconoció que es el sector público el que debe solucionar el acceso a la vivienda en el país.
Además, Álvarez destacó la cuestión del abuso en la contratación parcial, un tema pendiente tras la reforma laboral que no ha satisfecho completamente a los sindicatos. En su discurso, mencionó que el próximo AENC es un tema clave que están desarrollando junto a CCOO, dentro de un marco de acciones sindicales preparadas, que incluyen propuestas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 en un 7,5%, alcanzando los 1.273 euros brutos mensuales por catorce pagas, sujeta a tributación en el IRPF.
«Esta es una cuestión que para nosotros tiene una importancia capital. Llevamos tres años diciéndoselo al Gobierno, pero nunca encuentra el momento», criticó Álvarez, quien además subrayó la necesidad de que se regule por decreto el alcance de absorción del SMI para evitar que sea el Tribunal Supremo el que decida sobre estas materias.
En cuanto a los temas autonómicos, UGT y CCOO abordan la vivienda, la sanidad y la educación, criticando las políticas fiscales beneficiosas para los más acomodados por parte de algunos gobiernos regionales, lo que repercute en la calidad de vida de los trabajadores. «Son pérdidas de derechos», agregó Álvarez.
“Son pérdidas de derechos”, concluyó.
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