UGT apelará ante el Tribunal Constitucional tras fallo del Supremo sobre indemnizaciones por despido

El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha declarado que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) tras una sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre las compensaciones por despido improcedente. Según la decisión del TS, contenida en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, estas indemnizaciones no se pueden aumentar judicialmente basándose en las situaciones específicas de cada caso.

«Lo vamos a presentar de la mano de la persona que perdió la sentencia. Ya hemos estado trabajando con el abogado que se lo lleva y, por tanto, vamos a presentar recursos en el Constitucional», confirmó Álvarez durante una rueda de prensa al inicio del periodo político, señalando que probablemente contarán con el apoyo de CCOO en «esta aventura».

Álvarez ha enfatizado que el Constitucional «mucho que decir» al respecto, ya que el veredicto del Supremo afecta dos convenios internacionales ratificados por España, uno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otro del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).

El dirigente sindical expresó su desacuerdo con la resolución del Supremo, la cual considera carente de fundamento legal, y subrayó la necesidad de que la legislación española se alinee con la Carta Social Europea. «Vamos a dar esa batalla, que esperemos que la podamos ganar, y por tanto, volver a la casilla de partida, que es que los tribunales españoles interpreten la resolución del Comité Europeo de Derecho Sociales sin que tenga en cuenta esta última resolución», explicó.

Además, Álvarez reiteró la demanda a que el Gobierno aborde esta cuestión en una mesa tripartida para «cambiar la legislación española» y adaptarla a la Carta Social Europea.

El Tribunal Supremo, en su pleno de la Sala de lo Social el pasado julio, respaldó que la indemnización por despido improcedente no puede incrementarse judicialmente sin contravenir los convenios internacionales, reafirmando una sentencia previa de diciembre de su propia Sala Cuarta. En este sentido, el Supremo interpretó que tanto el Convenio 158 de la OIT como la Carta Social Europea contienen disposiciones que, aunque no son aplicables directamente, requieren de legislación para su efectiva implementación.