Economía

UGT, CCOO y Sumados-Fetico avalan la oferta de Telefónica para el ERE y la prórroga de convenios

UGT, CCOO y Sumados-Fetico respaldan el nuevo ERE de Telefónica, que recortará al menos un 26% la plantilla en siete filiales con amplias salidas voluntarias.

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El pacto entre Telefónica y las organizaciones sindicales para el expediente de regulación de empleo (ERE), que afectará como mínimo a 4.539 trabajadores de siete filiales del grupo, así como para la extensión de los tres convenios colectivos que cubren a las sociedades implicadas, se rubricará el próximo lunes, 22 de diciembre, tras el apoyo otorgado a la propuesta empresarial por UGT, CCOO y Sumados-Fetico.

UGT ya había mostrado su conformidad con la oferta este jueves, mientras que CCOO y Sumados-Fetico han comunicado su respaldo este viernes, una vez completadas sus consultas y trámites internos.

En el caso de Sumados-Fetico, con presencia en las tres compañías del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) pero sin representación en las otras cuatro afectadas, el sindicato ha remarcado que ha decidido asumir las condiciones planteadas “por unanimidad”.

A su vez, CCOO ha remarcado que el resultado global de las conversaciones es “claramente positivo”, pese a que todavía queden algunos asuntos por cerrar.

En las filiales incluidas en el CEV, la distribución de la afectación se concreta así: 2.925 empleados en Telefónica de España (cerca del 33% de una plantilla de 8.892 personas), 720 en Telefónica Móviles (el 20% de un total de 3.587) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% de los 1.118 efectivos), lo que suma 3.765 salidas.

La primera propuesta de Telefónica contemplaba 5.040 bajas en el conjunto de las sociedades del CEV, pero la oferta definitiva establece una franja de entre 3.765 y 5.040 salidas, condicionada al número de adhesiones voluntarias que se registren.

Así, si se alcanzan 3.765 solicitudes voluntarias, no se producirán más despidos. En cambio, si hubiera, por ejemplo, 5.300 adhesiones, el máximo seguiría limitado a 5.040 salidas.

Por el contrario, si solo se alcanzasen, por ejemplo, 3.000 adhesiones, se ejecutarían 765 despidos forzosos hasta completar las 3.765 salidas, cifra que marca el umbral máximo de afectación del ERE en ausencia de suficiente voluntariedad.

En paralelo, la compañía presentó el martes su propuesta final para Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. —las denominadas GBU's—, donde el volumen previsto de bajas se ha recortado un 20% respecto al planteamiento inicial, quedando en 599 salidas (152 menos que las 751 propuestas al inicio).

En estas tres filiales, la afectación se reparte del siguiente modo: 112 personas en Telefónica Global Solutions (alrededor del 18% de una plantilla de 638), 186 en Telefónica Innovación Digital (casi el 19% de 993 empleados) y 301 en Telefónica S.A. (cerca del 26% de 1.160 efectivos), lo que totaliza 599 bajas.

A ello se añaden las 175 salidas previstas en Movistar+, equivalentes al 20,3% de sus 860 trabajadores. En el inicio de las negociaciones se barajaba un impacto de 297 empleados (casi el 35% de la plantilla).

En conjunto, las 4.539 salidas mínimas del ERE implican que, como poco, Telefónica reducirá alrededor de un 26% el personal en las siete filiales afectadas, que suman actualmente 17.248 empleados.

Este porcentaje supone nueve puntos menos que el 35% de recorte contemplado en el escenario inicial.

Condiciones económicas del ERE

En el capítulo de indemnizaciones, la oferta de la compañía para todas las filiales fija distintos tramos de renta. Para los nacidos entre 1969 y 1971 se plantea el 68% del salario regulador hasta los 63 años y el 38% a partir de esa edad, con la particularidad de que en Movistar+ quedan excluidos los nacidos en 1971.

Los trabajadores nacidos entre 1965 y 1968 percibirán el 62% hasta los 63 años y el 34% después, mientras que para los nacidos en 1964 o antes los porcentajes serán del 52% hasta los 63 años y del 35% a partir de entonces.

Respecto a los requisitos para acogerse voluntariamente al ERE, en las filiales del CEV se exige una antigüedad mínima de 15 años durante la vigencia del proceso (hasta el 31 de diciembre de 2028, en su caso). En las GBU's (Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A.) se piden 13 años de antigüedad, con una duración máxima del procedimiento de despido colectivo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, en las GBU's se incorporan primas de voluntariedad ligadas a la antigüedad, que oscilan entre 5.000 y 18.000 euros, el doble del rango de entre 2.500 y 9.000 euros planteado en reuniones anteriores.

En detalle, quienes acumulen menos de 8 años de servicio recibirán 5.000 euros; entre 8 y 12 años, 7.000 euros; entre 12 y 16 años, 9.000 euros; entre 16 y 20 años, 12.000 euros; entre 20 y 24 años, 15.000 euros; y más de 24 años, 18.000 euros.

En este escenario, conviene recordar que la exigencia central de los sindicatos en este ERE ha sido garantizar la voluntariedad del proceso para evitar salidas “traumáticas”.

El anterior ERE de Telefónica concluyó con la salida de 3.420 empleados (un 33% menos que las 5.124 bajas inicialmente planteadas) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024.

El coste de aquel despido colectivo rondó los 1.300 millones de euros antes de impuestos, con una media abonada de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra inferior a la de otros planes de salidas ejecutados por la compañía en años previos.

No obstante, el ahorro medio anual derivado de ese ERE se sitúa en unos 285 millones de euros.

El nuevo ERE que está a punto de formalizarse se inscribe en el plan estratégico presentado por Telefónica a comienzos de noviembre, que prevé recortes de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones para 2028), incluyendo partidas vinculadas al capítulo de personal.

La empresa pretende cerrar el acuerdo del ERE antes del final del ejercicio fiscal actual, de forma que su impacto contable no se traslade ya al próximo año.

En este sentido, si la compensación media por trabajador fuera similar a la del ERE anterior, el coste total de este nuevo proceso de despido colectivo rondaría los 1.700 millones de euros, aunque esos importes concretos aún no se han detallado.