La Unión General de Trabajadores (UGT) ha acogido con satisfacción la presentación del primer plan europeo de vivienda asequible por parte de la Comisión Europea, al entender que supone el reconocimiento de que la crisis de la vivienda es un problema estructural “con graves consecuencias sociales, laborales y territoriales para millones de personas trabajadoras en la Unión Europea, en particular para jóvenes y trabajadores esenciales”.
En una nota difundida este miércoles, el sindicato subraya que, por primera vez, Bruselas sitúa el acceso a una vivienda digna, asequible y de calidad como una prioridad política a escala europea, relacionándola directamente con la cohesión social, la movilidad de la mano de obra y la estabilidad democrática.
Según la organización encabezada por Pepe Álvarez, este nuevo plan europeo abre la posibilidad de movilizar más inversión pública, revisar las reglas sobre ayudas de Estado y reforzar la intervención de los poderes públicos para incrementar el parque de vivienda social y asequible, incluyendo a los hogares con rentas medias que están siendo desplazados del mercado residencial.
UGT pone el acento en que la Comisión admita el efecto perjudicial del auge de los alquileres de corta duración en las áreas con mayor tensión residencial y anuncie una futura iniciativa legislativa europea que permita a las administraciones locales intervenir frente a estas dinámicas. Para el sindicato, afrontar este fenómeno resulta clave para recuperar vivienda destinada a residencia habitual y proteger a quienes viven y trabajan en las ciudades más tensionadas.
El sindicato valora asimismo el impulso a la construcción y rehabilitación de vivienda asequible y las actuaciones dirigidas a mejorar la planificación, la innovación y la eficiencia en el ámbito de la construcción, siempre que no se traduzcan en desregulación ni en un recorte de los estándares laborales, sociales o medioambientales.
Con todo, UGT alerta de que el alcance efectivo de este plan europeo dependerá de cómo se lleve a la práctica. En este sentido, insiste en que, sin un compromiso claro de los Estados miembros, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y sin una dotación de recursos suficiente y estable, “las medidas corren el riesgo de quedarse en declaraciones sin efectos reales”.
Por este motivo, el sindicato considera imprescindible reforzar “de manera decidida” el parque público y social de vivienda, dar respuesta específica a jóvenes, trabajadores esenciales y personas con bajos ingresos, combatir la especulación y consolidar políticas contra el sinhogarismo.