El sindicato UGT ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los distintos grupos parlamentarios para que en enero convaliden la ampliación de la moratoria antidesahucios dirigida a familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida aprobada este martes por el Consejo de Ministros.
Tal y como ha señalado la organización que encabeza Pepe Álvarez, esta extensión se produce después de que una coalición de entidades y movimientos sociales, entre las que se encuentra UGT, registrara en el Congreso el manifiesto “Ni un desahucio más. Ni una familia sin derecho a la vivienda” con el objetivo de reclamar la renovación de la moratoria y la ampliación de su alcance.
Las organizaciones firmantes han valorado favorablemente la decisión del Gobierno, al entenderla como un “primer paso imprescindible para evitar una inminente ola de desahucios”, si bien han alertado de que “la simple prórroga del escudo social no soluciona el hecho de que aún hay muchas familias vulnerables que se quedan fuera”.
Falta de claridad en la definición de vulnerabilidad
UGT ha recordado que “la medida ha cubierto solo uno de cada cuatro lanzamientos debido a la falta de claridad en la definición de vulnerabilidad, la arbitrariedad de los jueces para aplicarla y la omisión de algunas casuísticas -como la de las familias vulnerables que se han visto obligadas a ocupar una vivienda después de la pandemia o las inquilinas con contratos de renta antigua-”.
En esta línea, el sindicato ha subrayado que, junto al resto de colectivos implicados, consideran que ya “es hora de abordar la crisis de vivienda con soluciones estructurales que den una alternativa digna a las familias en lugar de mantenerlas en vilo año tras año”.
Como hoja de ruta básica, las entidades han planteado que “como propuesta de mínimos las entidades exigimos al Gobierno de España que aproveche esta nueva prórroga para diseñar e implementar un plan de choque urgente para asegurar el mantenimiento en la vivienda o un realojo digno de todas las familias vulnerables con desahucios pendientes a través de la puesta en marcha, entre otras, de fondos suficientes vinculados al Plan Estatal de Vivienda”.
Movilizar vivienda de grandes tenedores y Sareb
En paralelo, las organizaciones han reclamado activar mecanismos de tanteo y retracto para incorporar al parque de vivienda social inmuebles privados en manos de grandes tenedores, así como poner a disposición las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), especialmente ante el anuncio de próximas ventas masivas de carteras residenciales por parte de fondos de inversión.
UGT ha remarcado que “el próximo paso, decisivo para poder trabajar en estas medidas a medio y largo plazo, es la convalidación de este decreto en el Congreso de Diputados durante el mes de enero para hacer efectiva la prórroga del decreto”, y ha precisado que la coalición de entidades ya ha mantenido contactos con los grupos parlamentarios, constatando una “preocupación compartida por evitar que la finalización de la moratoria provoque situaciones de exclusión residencial irreversibles de forma masiva”.
En coherencia con ello, el sindicato ha insistido en que “es necesario que dicho compromiso se traduzca en una negociación entre los diferentes grupos no solo para asegurar la ineludible prórroga de la medida, sino para impulsar medidas concretas, justas y duraderas, que protejan a las familias vulnerables y refuercen la cohesión social a medio y largo plazo”.
Para concluir, UGT ha vuelto a apelar a la responsabilidad de las formaciones políticas con el fin de garantizar “la tranquilidad, a corto plazo, de las miles de familias vulnerables que están pendientes de esta medida”.