UGT lleva a los tribunales el ERE de Ericsson para frenar posibles retrocesos en próximos ajustes

UGT impugna en los tribunales el ERE de Ericsson y activa una mediación en el SIMA para evitar pérdida de derechos y precedentes negativos en futuros ajustes.

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FILED - 01 March 2022, Spain, Barcelona: The Ericsson logo shines in front of a pavilion during the Mobile World Congress trade fair. Photo: Matthias Oesterle/ZUMA Press Wire/dpa Matthias Oesterle/ZUMA Press Wir / DPA

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UGT ha decidido recurrir ante la justicia el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Ericsson, que contempla 164 salidas, tras negarse a suscribir el acuerdo alcanzado por la empresa con STC y CCOO, según una comunicación interna remitida a la plantilla a la que ha tenido acceso Europa Press.

En paralelo a esta impugnación, el sindicato ha impulsado un acto de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), previsto para el próximo 14 de abril, con la intención de analizar alternativas antes de que se celebre el juicio.

UGT sostiene que esta decisión responde a una reflexión "profunda y responsable" sobre el desarrollo del proceso, en la que se han valorado como "especialmente relevantes" diversos elementos, entre ellos "la pérdida de derechos y la discriminación existente, con respecto a procesos anteriores" y la situación económica de Ericsson que, a su entender, "no justifica la magnitud de las medidas adoptadas".

Asimismo, el sindicato pone el foco en "la ausencia de garantías para personas vetadas, que en otros procesos sí se han contemplado y que, desde nuestro punto de vista, deberían haberse considerado", en la "desprotección de colectivos sensibles, que en anteriores procesos estaban completamente protegidos" y en el efecto que este expediente puede tener como referencia para futuros ajustes en la compañía.

En la carta remitida a los trabajadores se subraya que "Nuestro objetivo con esta impugnación es claro: Defender los derechos de la plantilla. Evitar retrocesos en futuros procesos. Intentar mejorar el escenario actual en la medida de lo posible".

Comienza la fase de vetos y aceptaciones

UGT señala que esta comunicación cobra "especial relevancia" ahora que la compañía ha empezado a comunicar "vetos y aceptaciones" de las solicitudes de adscripción voluntaria al ERE. El sindicato recalca que "Las personas vetadas en este proceso no cuentan con ningún tipo de garantía ni protección".

A juicio de la organización, esta etapa está evidenciando una de las advertencias que ya planteó durante la negociación, al considerar que "que una alta voluntariedad no elimina los riesgos del proceso ni garantiza la protección de todas las personas afectadas".

En la misiva, UGT admite que "Somos conscientes de que las acciones judiciales siempre implican incertidumbre, pero también creemos que defender los derechos de la plantilla y evitar precedentes negativos es una responsabilidad que no podíamos eludir".

El sindicato afirma que la impugnación es coherente "con la posición que ha mantenido durante toda la negociación y responde al compromiso de UGT con la defensa del empleo y de las condiciones laborales".

La carta concluye recordando que "Porque cuando se trata de derechos, no basta con vigilar el proceso: también es necesario actuar para defenderlos y preservarlos".

Apoyo mayoritario de la plantilla al ERE

La plantilla de Ericsson en España dio su visto bueno el pasado mes de febrero al acuerdo sobre el ajuste de empleo, que establece que las salidas sean voluntarias y recoge medidas de protección para los trabajadores, tras finalizar el periodo de consultas del ERE. En ese momento, UGT se desmarcó del pacto, mientras que CCOO y STC lograron una reducción de los despidos del 8,8%.

El acuerdo firmado por CCOO y STC —al que UGT optó por no adherirse— prevé el cese indemnizado de 164 empleados menores de 53 años y mayores de 63, un plan de rentas para quienes tienen entre 53 y 54 años y un esquema de prejubilaciones a partir de los 55.

Las personas que se acojan de forma voluntaria a la salida recibirán una prima de 5.000 euros, mientras que los ceses indemnizados y las prejubilaciones percibirán entre 600 y 1.000 euros adicionales, en función de su antigüedad en la empresa.

El pacto incluye además un programa de recolocación de 12 meses con servicios de orientación, formación y búsqueda activa de empleo, así como un seguro médico durante un año para todas las personas afectadas, ampliable hasta tres años para quienes tengan 60 años o sufran una enfermedad grave.