QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
UGT ha expresado su apoyo este jueves a la iniciativa del Ministerio de Igualdad que busca que el Instituto Nacional de Estadística (INE) retire de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) la prestación o concertación de servicios sexuales.
España registró por primera vez la prostitución en dicho listado en enero pasado mediante un Real Decreto difundido en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El sindicato sostiene que incluir la prestación de servicios sexuales en la CNAE legitima la prostitución como si de una actividad económica normal se tratara y con ello, de forma tácita, la trata con fines de explotación sexual, el proxenetismo, la explotación sexual de las mujeres y una de las formas de violencia contra las mujeres, algo que desde el Pacto de Estado contra la Violencia contra las Mujeres se intenta combatir.
Para UGT, no se puede reconocer legalmente la prostitución como un trabajo y una actividad económica lícita sin tener en cuenta la realidad, por lo que expresa su apoyo al Ministerio de Igualdad en su intento de revertir esta situación, contraria a los principios constitucionales y los derechos humanos.
En este sentido, denuncia que la realidad de la prostitución es que está constituida en su inmensa mayoría por mujeres y niñas y que, de éstas, el tanto por ciento más elevado (aproximadamente un 90%), corresponde a mujeres migrantes.
Ignorar la realidad que envuelve el mundo de la prostitución es ocultar la realidad de esta lacra sexista y discriminatoria de las mujeres cosificadas y convertidas en mera mercancía y en objetos de satisfacción de los consumidores masculinos, como si de una pieza de carne se tratara. Legitimar su práctica legalmente es atentar contra los derechos humanos y el derecho fundamental a la igualdad de género, alega el sindicato.
Además, UGT cree que decisiones como ésta consagran legalmente el esclavismo de las mujeres prostituidas.
Por todo ello, el sindicato considera que la única regulación admisible y coherente con la Constitución española y el sistema democrático es la regulación abolicionista.
UGT interpuso el pasado mes de julio una reclamación colectiva contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) al no garantizarse la protección de mujeres y niñas víctimas de prostitución o del riesgo de trata con fines de explotación sexual.
A través de esta reclamación colectiva, la organización que dirige Pepe Álvarez denuncia que la legislación española vulnera la Carta Social Europea en varios artículos (derecho a un trabajo libremente elegido, protección de la seguridad y salud física y mental de las personas y dignidad humana en la prestación de servicios.
El sindicato exige que la legislación española y sus políticas públicas sobre prostitución y trata con fines de explotación sexual se declaren disconformes con el sistema de derechos y garantías de la Carta Social Europea, subraya UGT en un comunicado.
