UGT ha señalado este martes que el incremento del desempleo en 30.392 personas y la caída de la afiliación en enero en 270.782 cotizantes están “fuertemente determinados por la estacionalidad del año”.
Aun así, el sindicato subraya que, si se analizan los datos en términos desestacionalizados y se comparan con otros meses de enero, se constata que los cambios aplicados con la reforma laboral siguen consolidando “una mejora evidente en la cantidad y calidad del empleo, modificando el modelo de contratación en favor del trabajo indefinido”.
Según UGT, el actual ciclo de expansión de la economía española, “que se traduce también en unos beneficios récord para buena parte del tejido empresarial, debe permear también entre la población trabajadora”.
En esta línea, advierte de que la subida de precios de determinados alimentos básicos y, sobre todo, “el aumento vertiginoso del precio de la vivienda”, ha provocado que una parte relevante de la clase trabajadora no esté notando el impacto positivo de los buenos registros macroeconómicos, en especial quienes se sitúan en tramos salariales bajos y medios.
Para hacer frente a esta situación, UGT valora positivamente el pacto alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales para la actualización del SMI, que pasa a 1.221 euros en 14 pagas. Esta decisión, unida a la modificación fiscal que exime de tributación a quienes perciben esta renta mínima, representa, a juicio del sindicato, “un avance clave para seguir mejorando las condiciones de vida de la población con rentas más reducidas”.
En coherencia con este planteamiento, UGT considera esencial impulsar también el aumento del resto de salarios, con especial atención a los tramos medios, que llevan tiempo sin apenas avances.
Con este objetivo, UGT y CCOO han presentado una iniciativa para abrir de manera inmediata la negociación de un nuevo acuerdo de negociación colectiva para el periodo 2026-2028. El documento plantea subidas salariales del 4% para cada uno de esos años, así como incrementos adicionales de entre el 1% y el 3% para los sueldos por debajo del salario medio anual estatal. Además, propone incorporar cláusulas de revisión salarial que prevean otros aumentos de hasta un 1,5% en caso de desviaciones del IPC.