UGT Servicios Públicos y CSIF han denunciado este miércoles la falta de claridad del Ministerio de Función Pública en torno a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, tras la reunión mantenida esta mañana con el Gobierno en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE).
En una nota, UGT ha adelantado que no respaldará la OEP planteada por Función Pública al entender que sigue estando marcada “por la falta de transparencia y la ausencia de planificación”.
El sindicato reprocha que la Administración continúa sin proporcionar datos esenciales sobre cómo se reparten las plazas por territorios, departamentos, cuerpos y escalas, lo que, a su juicio, impide hacer una evaluación “rigurosa” de la propuesta.
UGT ha explicado que la Administración ha comunicado la creación de una OEP específica vinculada a la emergencia climática en el Ministerio para la Transición Ecológica, destinada tanto a cuerpos propios como a personal laboral especializado en la gestión de catástrofes y episodios como la Dana.
Aunque UGT Servicios Públicos considera imprescindible reforzar estos servicios, insiste en que este tipo de medidas deben integrarse “de una planificación global y coherente del empleo público”.
Respecto a la ejecución de ofertas anteriores, el Ministerio se ha comprometido a convocar en un plazo aproximado de dos meses las OEP de personal laboral correspondientes a 2023 y 2024, que siguen acumuladas. Sin embargo, UGT sostiene que esto no supone un avance real, ya que la OEP de 2023 caduca en julio y el Ejecutivo únicamente busca evitar la pérdida de plazas.
En esta línea, Elena Tarjuelo, portavoz del personal laboral en UGT Servicios Públicos, ha subrayado que quedan pendientes de convocar más de 9.000 plazas de personal laboral: 5.765 de turno libre y 3.328 de promoción interna, correspondientes a las ofertas de 2023, 2024 y 2025.
“Las ofertas de empleo están para cumplirse, no para guardarse en un cajón. Lo contrario es ineficacia o una estrategia de privatización y UGT no avalará ninguna de las dos”, ha remarcado la representante sindical.
Además, la Administración ha avanzado que reclamará informes a aquellos departamentos en los que, tras los procesos selectivos, la cobertura de plazas no alcance el 75%.
Para UGT, estos análisis resultan “claramente insuficientes si no van acompañados de medidas concretas que garanticen la cobertura efectiva de los puestos”.
En cuanto a la promoción interna, se ha puesto sobre la mesa la creación de grupos de trabajo y la remisión de información sobre posibles aspirantes. No obstante, el sindicato denuncia que no se han producido avances tangibles en esta materia, “con bajos niveles de cobertura y sin mejoras significativas en los procesos, pese a llevar más de un año en fase de análisis”.
UGT también ha resaltado los continuos retrasos en la tramitación de los procesos selectivos, que se prolongan incluso una vez concluidos, “generando incertidumbre y perjuicios para las personas aspirantes que, en muchos casos, no pueden tomar posesión de sus plazas”.
CSIF acusa al Ministerio de ocultar datos clave de la OEP
En términos similares, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado en otro comunicado que no está en condiciones de valorar la OEP de 2026 porque “el Ministerio oculta a los sindicatos las cifras y el reparto de personal”.
“Esta situación es inaudita y supone una falta de respeto a los representantes de los trabajadores a los que, por primera vez, en la Mesa General de las Administraciones Públicas, se nos hurta el derecho a negociar el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas, así como las plazas de promoción interna”, sostiene CSIF.
Por ello, el sindicato que lidera Miguel Borra exige a Función Pública que facilite toda la información antes de que el Consejo de Ministros apruebe el correspondiente Real Decreto.
Según CSIF, el proceso de regulación masiva de migrantes “está poniendo al descubierto las costuras y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior”.
“Función Pública debería de tomar nota de lo que está ocurriendo estos días”, añade la organización, que también reclama al Ministerio que tenga en cuenta que la implantación de la jornada de 35 horas semanales debe ir acompañada de un refuerzo de personal.
CSIF ya rechazó la OEP del año pasado, cifrada en 36.588 plazas entre turno libre y promoción interna, 3.558 menos que en 2024, lo que supuso un cambio de rumbo respecto a la tendencia de incremento de los últimos ejercicios.
“Nos tememos que, una vez más, la oferta impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias”, advierte el sindicato.