Este martes, 28 de abril, se cumple un año del histórico cero eléctrico que dejó sin luz durante horas a millones de personas en España y Portugal. Doce meses después, con varios informes ya presentados y una Comisión parlamentaria cerrada y otra en plena actividad, continúa sin identificarse a un responsable claro del suceso.
Ni el Gobierno, ni el panel de expertos europeos de Entso-E, ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han logrado, en sus respectivos documentos, señalar de forma concluyente a un culpable del cero eléctrico.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó su análisis menos de dos meses después del incidente. En él sostuvo que el apagón respondió a un problema "multifactorial" derivado de episodios de sobretensión, oscilaciones y desconexiones de centrales, y acompañó el diagnóstico con un paquete de medidas para reforzar la supervisión del sistema y tratar de impedir que se repita un episodio similar.
La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) tardó más en cerrar su informe definitivo, hecho público en marzo de este año, pero llegó a conclusiones muy próximas. Calificó el suceso como un "evento sin precedentes" y el mayor apagón de este tipo en las últimas dos décadas, y determinó que no hubo una causa única, sino una combinación de factores.
En concreto, apuntó a una mezcla de oscilaciones en la red, dificultades para mantener la tensión en niveles estables y cambios y salidas rápidas de generación en España. De esta investigación salió un paquete de recomendaciones para robustecer las prácticas operativas, mejorar el seguimiento del comportamiento del sistema y estrechar la coordinación y el intercambio de datos entre todos los agentes del sector eléctrico, además de instar a adaptar los marcos regulatorios a la nueva realidad del sistema, en una especie de tirón de orejas generalizado.
El informe de la CNMC, de carácter meramente consultivo, se conoció casi once meses después del apagón y tampoco se decantó por atribuir la responsabilidad a ningún actor concreto. Sí dejó claro, no obstante, que el 28 de abril de 2025 ya existían las "herramientas normativas y regulatorias, así como mecanismos para garantizar el suministro" que habrían permitido evitar el cero eléctrico.
Expedientes sancionadores y batalla judicial
En la antesala del primer aniversario del 'blackout', el regulador ha abierto unos 55 expedientes sancionadores por indicios de infracción —que podrían tardar más de un año en traducirse o no en sanciones firmes— a Red Eléctrica de España (REE), en su caso por falta muy grave, y a varias compañías eléctricas —Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Bahía de Bizkaia, TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja, entre otras— por infracciones calificadas como graves.
Lejos de despejar interrogantes, este movimiento ha contribuido a seguir repartiendo responsabilidades y apenas ha aportado algo más de munición para un conflicto que, previsiblemente, terminará por dirimirse entre todas las partes ante los tribunales.
Tampoco la Comisión de Investigación del Senado, con un marcado componente político, ha arrojado demasiada luz. Tras meses de comparecencias de los distintos protagonistas del sector, en los que se han cruzado señalamientos mutuos, la mayoría del PP en la Cámara Alta ha aprobado unas conclusiones que responsabilizan del apagón al Gobierno, a Red Eléctrica de España (REE) y a la CNMC por su "inacción regulatoria y supervisora".
Esta misma semana se ha puesto en marcha la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, que ha comenzado con la comparecencia de los principales directivos de las compañías energéticas. Sus primeras sesiones apuntan a que se repetirá el intercambio de reproches en torno al apagón, pero con escasas expectativas de aportar claridad definitiva sobre lo sucedido.
En paralelo, se dirime quién deberá asumir la factura millonaria de los daños derivados del apagón, una cuestión que se ventilará a través de demandas judiciales de largo recorrido. Todo indica que serán los tribunales los que acaben fijando, en última instancia, la responsabilidad del incidente.
Un sistema en 'modo reforzado' y más costes
El apagón dejó además como herencia un 'modo reforzado' en la operación del sistema eléctrico que se mantiene desde entonces y que ha provocado un fuerte encarecimiento de los servicios de ajuste. Ese sobrecoste se traslada a la factura de la luz, con especial rapidez en el caso de los usuarios del mercado regulado, el PVPC.
Aunque la creciente penetración de las energías renovables ha empujado a la baja el precio de la electricidad en el mercado mayorista, la intermitencia de estas tecnologías obliga a realizar ajustes continuos en la producción para sostener el equilibrio entre oferta y demanda. El sistema necesita cada vez más potencia de respaldo, principalmente de ciclos combinados de gas natural.
Ese respaldo tiene un precio, y su utilización se ha intensificado para prevenir desequilibrios y episodios como el apagón de 2025. Según datos de Selectra, el coste de los servicios de ajuste marcó en marzo un nuevo máximo de 27,6 euros/MWh, casi un 74% más que un año antes y más del doble que en el mismo mes de 2024.