Inquilinas e inquilinos de más de 17.000 viviendas en Madrid, actualmente en manos de 'fondos buitre' y que en muchos casos fueron públicas o protegidas, han puesto en marcha una campaña ciudadana para bloquear su venta y exigir que pasen a ser gestionadas por Casa 47, la empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
La iniciativa, promovida por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, lleva por nombre “Recuperemos nuestras viviendas de las garras de los fondos buitre” y se dirige a las viviendas que pertenecen a Nestar-Azora y Fidere/Testa (Blackstone) en la Comunidad de Madrid.
En una nota difundida por la organización, se denuncia que estos fondos han logrado “beneficios extraordinarios” durante más de diez años gracias a unas viviendas que, en numerosos casos, eran públicas o protegidas “antes de ser malvendidas”.
Como ejemplo, recuerdan las 1.860 viviendas que en 2013 el Ayuntamiento de Madrid, entonces gobernado por Ana Botella, traspasó a Blackstone por 68.000 euros cada una.
Tras hacerse con estos inmuebles “a precio de saldo” y sin haber efectuado “mantenimiento alguno” en todo este tiempo, los fondos “han impuesto subidas abusivas de alquiler, cláusulas ilegales y una gestión que ha vulnerado sistemáticamente los derechos de las inquilinas” hasta que, ahora, “pretenden culminar el negocio con una nueva venta masiva”.
“Las vecinas de estos bloques en lucha, convencidas de que la organización colectiva es la única vía para recuperar sus viviendas, han anunciado que van a impedir esta nueva operación especulativa y que lucharán para que sus casas pasen a formar parte del parque de vivienda pública de Casa 47”, han señalado desde el Sindicato de Inquilinas.
El propósito central de la campaña es “garantizar alquileres estables y asequibles, seguridad residencial a largo plazo y la protección del derecho a la vivienda frente a los intereses especulativos y la gestión de fondos que solo buscan hacer negocio con la vida de la gente”.
En esta línea, el Sindicato de Inquilinas subraya que la experiencia reciente “demuestra que sí se puede”, y cita como referencia las 1.700 viviendas recuperadas en Catalunya. “El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha conseguido frustrar la venta multimillonaria que pretendía llevar a cabo la Fundación La Caixa y que la Generalitat blinde estas viviendas como VPO”, ha remarcado.
En cuanto a Madrid, recuerdan la negociación “histórica” con Blackstone en 2021 cuando, tras años de movilización y más de 100 hogares implicados en la campaña #NosQuedamos, “se forzó al mayor propietario de España de vivienda a firmar la mayor negociación colectiva del país”.
Asimismo, apuntan que las inquilinas del fondo buitre Nestar-Azora “llevan más de un año en huelga de alquileres parcial contra las cláusulas abusivas que este tipo de fondos exigen en sus contratos: el pago de IBI, comunidad y otros gastos de gestión que nunca deberían repercutir en ellas”.
“Por todo ello, las vecinas tienen claro que no se irán de sus casas, que resistirán y lograrán recuperar estas viviendas no solo para ellas, sino para el conjunto de la sociedad”, concluyen desde el sindicato.