El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha expresado su disposición a promover y sumarse, junto a otros sindicatos y colectivos sociales vinculados a la vivienda, a las movilizaciones “oportunas” con el objetivo de respaldar el Real Decreto-ley que prorroga los contratos de alquiler hasta que se vote su convalidación en el Congreso de los Diputados.
Tras un encuentro celebrado con el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, Sordo ha defendido que “es bueno que la sociedad civil exprese en la calle la preocupación profunda que hay con los precios de la vivienda, tanto de alquiler como en propiedad, y se movilice para exigir a los grupos que estén a la altura de las circunstancias”.
El líder sindical ha subrayado que esta norma no se limita a proteger a quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, sino que también afecta a trabajadores con “salarios decentes” que ya afrontan rentas “muy altas” y que, a su juicio, no podrán asumir incrementos del 20% o el 30% al renovar sus contratos.
Por este motivo, ha reclamado a los grupos parlamentarios “altura de miras” para que el decreto reciba el visto bueno del Congreso, advirtiendo de que sería “un despropósito” permitir subidas del alquiler tan “desmesurados”. Al mismo tiempo, ha admitido que no está “claro” que el texto logre los apoyos necesarios para salir adelante.
El Gobierno aprobó en un Consejo de Ministros Extraordinario un Real Decreto-ley específico de vivienda, separado del paquete de medidas anticrisis por la guerra en Irán, que contempla la prórroga, por un máximo de dos años, de los contratos de alquiler que venzan en 2026 y 2027. Esta regulación debe ser convalidada antes de que termine abril en el Congreso, aunque por ahora no dispone de una mayoría asegurada.
Objetivo: que la vivienda no supere el 30% de los ingresos
Sordo ha recalcado que el problema de acceso a la vivienda no se soluciona únicamente con la extensión de los contratos, y ha insistido en la necesidad de garantizar que nadie tenga que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar por una vivienda digna.
En este sentido, ha planteado que España debería contar con dos millones de viviendas a precios asequibles en la próxima década; establecer límites temporales a los alquileres en zonas tensionadas; frenar la especulación de los fondos de inversión y regular, incluso con prohibiciones en determinados supuestos, el uso de la vivienda turística. También ha abogado por incorporar al mercado la vivienda vacía mediante fórmulas que aseguren precios razonables y garantías de cobro para los propietarios.
Según ha denunciado, “las comunidades autónomas son las principales instituciones con competencias en vivienda y se están poniendo de perfil, boicoteando una Ley Estatal de Vivienda que, aunque en nuestra opinión se quedó corta, daba herramientas potencialmente buenas”, por lo que ha urgido a alcanzar un acuerdo transversal en esta materia.
Además, Sordo ha señalado que el encarecimiento de la vivienda se ha convertido ya en un problema para el propio tejido empresarial español, “lo digan en público o no”, al estar dificultando la movilidad laboral. “El empresariado serio de este país debería elevar la voz”, ha reivindicado, remarcando que la vivienda es “un problema social, pero también económico”.
IU avisa a PP y Junts del coste electoral de rechazar el decreto
Por su lado, el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Antonio Maíllo, ha llamado a la movilización social para librar la “batalla” frente a la derecha con el fin de asegurar la convalidación del decreto de prórroga de los alquileres.
Maíllo ha cargado contra la “desvergüenza política” que, a su juicio, supone la política de desregulación en materia de vivienda impulsada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que acusa de ponerse de “perfil” ante un problema que se ha convertido en la “gran pesadilla” de las mayorías sociales.
Finalmente, ha lanzado una advertencia al PP y a Junts al sostener que a las formaciones que se opongan a ratificar esta medida les acarreará un “coste social y electoral”. “Hay que poner encima de la mesa y poner sobre el espejo a los grupo es parlamentarios que tienen una absoluta insensibilidad y falta de compasión ante elementos que favorecen las condiciones de vida materiales de una mayoría social”, ha concluido.