La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), ha expresado su descontento tras la anulación del decreto antiapagones ocurrida ayer en el Pleno del Congreso y ha hecho un llamado a la «responsabilidad institucional» a los partidos políticos, de acuerdo con un comunicado emitido por la entidad.
La organización ha denunciado que una legislación «técnica y absolutamente necesaria», que disfrutaba de un «amplio consenso» entre el ámbito energético e industrial y las asociaciones ecologistas y ciudadanas, se ha visto comprometida por «intereses ajenos al contenido de la normativa».
«No nos podemos permitir como país que esta actualización normativa no salga adelante. Es fundamental para la industrialización, la independencia energética y la competitividad de nuestra industria», afirmó José Donoso, director general de UNEF.
Según Donoso, «está en juego» no solo la seguridad en el suministro y la estabilidad de la red eléctrica, sino también el capitalizar una «oportunidad histórica como país».
UNEF también ha destacado que este obstáculo podría impactar más de 30.000 millones de euros en inversiones, y ha alertado sobre el «riesgo» de que la industria se traslade a otros lugares. «Hay otros países que están demostrando un importante compromiso con el desarrollo renovable y las inversiones necesitan seguridad jurídica y un desarrollo normativo adecuado para efectuarse», comunicaron desde la organización.
«El consumo medio actual en España ronda los 25 GW. Aunque solo un 15% o 20% de estas solicitudes se materialicen, estaríamos duplicando la demanda. Y esto podría traducirse en un proceso de reindustrialización sin precedentes en nuestro país», agregó Donoso.
«Pero para que esto se haga realidad, necesitamos un sistema estable, una normativa acorde con la tecnología y dar una clara señal de compromiso institucional a los inversores», enfatizó.
IMPLICACIONES SOBRE EL ALMACENAMIENTO Y EL AUTOCONSUMO
En cuanto al «bloqueo» que representa esta derogación para el avance del almacenamiento, la entidad ha mencionado que «esta paralización implica, de no resolverse, que el necesario despliegue de almacenamiento eléctrico, que podría realizarse en meses aprovechando las instalaciones renovables existentes o en proceso de autorización con hibridación, podría demorarse años, afectando la estabilidad del sistema y los precios de la energía».
Además, UNEF ha subrayado el «revés» que supone para el autoconsumo y la participación de comunidades locales, cooperativas y pequeñas empresas en el sistema energético.
«Esta normativa representaba un avance hacia la electrificación y la democratización del acceso a la energía mediante el autoconsumo. Una transición justa implica que la transformación del modelo energético proporcione oportunidades de empleo y desarrollo económico en los territorios, especialmente en áreas rurales, y que el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas permitan a los ciudadanos y entidades locales gestionar directamente su energía. Solo de esta manera podemos erigir un sistema energético verdaderamente sostenible en lo ambiental, social y económico, además de resiliente para asegurar nuestro futuro», indicó UNEF.
Por todo esto, UNEF ha solicitado a los grupos parlamentarios «responsabilidad institucional y compromiso con el país» para llevar adelante una actualización normativa que permita a España avanzar en la transición energética «con paso firme», generando riqueza y oportunidades para las empresas y ciudadanos y reforzando la soberanía energética y el sistema eléctrico, «algo especialmente relevante ante la convulsa situación geopolítica internacional».