Unicaja someterá a la aprobación de su junta general ordinaria de accionistas, convocada en Málaga para el próximo 9 de abril en primera convocatoria y el 10 de abril en segunda, el nombramiento de dos nuevas consejeras dominicales y el abono de un dividendo complementario de 0,107 euros por acción con cargo a los beneficios de 2025.
La entidad financiera propondrá el acceso al consejo de administración de María Nieves García Santos, profesora titular de Economía Monetaria y Financiera en la Universidad Complutense de Madrid, y de María Isabel Martínez Torre-Enciso, integrante de la junta directiva de la Federación Europea de Asociaciones de Gestión de Riesgos (Ferma), ambas en calidad de consejeras dominicales y a iniciativa de Fundación Unicaja.
De forma simultánea, Unicaja planteará a los accionistas la reelección de Miguel González Moreno y de José Ramón Sánchez Serrano como consejeros, igualmente a propuesta de Fundación Unicaja.
Además, la junta abordará la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025. Según el esquema planteado, alrededor de 126,5 millones de euros se asignarán a reservas voluntarias, otros 30 millones se dirigirán a la reserva de capitalización y 443 millones se destinarán al pago de dividendos.
En relación con el importe previsto para dividendos, y teniendo en cuenta el desembolso de 169 millones de euros realizado en septiembre, Unicaja prevé repartir 274 millones de euros como dividendo complementario correspondiente a 2025, lo que supone 0,107 euros brutos por acción.
La entidad prevé que esta remuneración a los accionistas se haga efectiva el 23 de abril de 2026.
Los propietarios de títulos también deberán pronunciarse sobre la aprobación de las cuentas anuales de 2025, el estado de información no financiera consolidado, la gestión del consejo de administración y la continuidad de KPMG como auditor de cuentas del grupo para el ejercicio 2027.
Asimismo, la junta someterá a votación la política de remuneraciones de los consejeros aplicable a los ejercicios 2027, 2028 y 2029, la fijación del límite máximo de la remuneración anual del conjunto del consejo y la entrega de acciones propias a consejeros ejecutivos en el marco del plan de retribución variable del grupo.