Una de cada tres personas que residen en régimen de alquiler dedica más del 50% de sus ingresos al pago de la vivienda. Este esfuerzo económico se dispara hasta el 85% si se tiene en cuenta a quienes emplean más del 30% de su sueldo en afrontar la renta mensual. Al mismo tiempo, el 61% afirma que no consigue ahorrar por el elevado coste del alquiler, según el informe “La vivienda, cimiento de desigualdades” de Oxfam Intermón.
El estudio señala que más de la mitad de los inquilinos (58%) ve poco probable poder comprar una vivienda en el futuro, mientras que solo un 14,4% se muestra confiado en lograrlo. En este contexto, la herencia gana peso como vía de acceso a la propiedad: el 21,2% de quienes ya tienen una casa en propiedad considera probable heredar otra, frente al 11,6% de las personas arrendatarias.
Entre los hogares con hipoteca, la carga financiera también resulta muy elevada: el 62% destina más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda y, en uno de cada cinco casos, el desembolso supera el 50% de los ingresos mensuales. En contraste, entre quienes ya han terminado de pagar su casa, seis de cada diez logran ahorrar todos los meses.
El autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil, alerta de que el acceso a la vivienda es especialmente complicado para quienes pagan un alquiler, ya que la falta de ahorro les impide reunir la entrada para una hipoteca, lo que perpetúa la “trampa del alquiler”.
Además, García-Gil advierte de que el creciente peso de la herencia como mecanismo para acceder a una vivienda está generando una fuerte desigualdad, que puede traducirse en que quienes ya son propietarios tengan en el futuro muchas más posibilidades de heredar que quienes no tienen casa en propiedad.
El alquiler castiga la capacidad de ahorro
El informe constata que el régimen de tenencia de la vivienda se ha convertido en un factor de desigualdad cada vez más determinante, incluso por encima del nivel de ingresos. A igualdad de salario, vivir de alquiler reduce de forma clara las posibilidades de ahorrar.
La brecha es especialmente visible en los tramos de renta más baja. Entre quienes cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), la diferencia en la probabilidad de ahorrar supera los 25 puntos porcentuales: el 58,6% de las personas con vivienda ya pagada consigue guardar dinero cada mes, frente al 32,4% de quienes viven de alquiler.
De hecho, una persona propietaria con ingresos equivalentes al SMI —1.184 euros en 2025— tiene más opciones de ahorrar que una persona inquilina que cobra 2.000 euros. Del mismo modo, una persona arrendataria con 2.000 euros mensuales dispone prácticamente de la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca que ingresa 1.500 euros (50,2%).
Tres millones de inquilinos sufrieron desahucios invisibles
El análisis calcula que una de cada tres personas que pagan una renta, alrededor de tres millones, padecieron el último año “desahucios invisibles”: finalizaciones de contrato o incrementos de precio inasumibles que obligan a mudanzas forzosas. Este fenómeno impacta con especial intensidad en personas extracomunitarias (37%) y jóvenes menores de 35 años (31,9%).
En el caso de los menores de 35 años, uno de cada dos se vio obligado a regresar al hogar familiar. Además, el 60% de estos cambios de vivienda supuso abandonar su barrio o municipio habitual, debilitando así las redes sociales y comunitarias.
El encarecimiento del alquiler también conlleva renuncias en las condiciones de vida. El 13% de quienes viven de alquiler comparte casa con personas sin parentesco, porcentaje que se eleva al 22% entre la población migrante y alcanza el 27,7% en la franja de 25 a 34 años.
El estudio subraya que compartir vivienda no es una realidad exclusiva de la juventud: afecta también a una de cada diez personas de entre 35 y 54 años. A ello se suma la dificultad para cubrir gastos básicos: el 19,2% de la población no pudo pagar alguno de los suministros esenciales en el último año. La carencia energética llega a casi tres de cada diez inquilinos, jóvenes o migrantes, e incluye problemas para mantener el hogar a una temperatura adecuada en invierno o asumir las facturas de luz, gas o agua.
Regular precios y reforzar la protección a los inquilinos
Ante este escenario, Oxfam Intermón reclama una actuación coordinada entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, así como medidas para proteger a los 60.000 hogares vulnerables que se enfrentan a un posible desahucio tras el rechazo del “escudo social”.
La organización propone reforzar los derechos de las personas inquilinas mediante la regulación de los precios del alquiler y la ampliación de la duración de los contratos. En paralelo, pide frenar las prácticas especulativas y avanzar hacia una fiscalidad que priorice el uso efectivo de la vivienda, además de incrementar el parque público e impulsar modelos residenciales alternativos.
“Es urgente actuar para asegurar que vivir de alquiler sea una opción asequible, digna y estable, que permita desarrollar un proyecto de vida con seguridad. Y que, al mismo tiempo, quien desee acceder a una vivienda en propiedad pueda hacerlo”, ha concluido García-Gil.