La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA) ha calculado este viernes que el “fraude” vinculado al uso irregular de la tarifa plana por parte de empresas de reparto como Glovo, Deliveroo o Uber Eats supera los 120 millones de euros anuales.
En una nota difundida a los medios, la organización sostiene que estas plataformas han obtenido un beneficio económico directo, “mientras miles de personas trabajadoras eran declaradas como falsos autónomos”.
Según subraya UPTA, “esta práctica no es un error administrativo, es un fraude que se cuantifica en más de 120 millones de euros anuales, y que, además de vulnerar los derechos laborales de las personas trabajadoras, impacta negativamente en la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social”.
Para frenar esta situación, la organización reclama que cada solicitud de la tarifa plana estatal en la cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos vaya acompañada de documentación que pruebe una actividad económica “planificada, real y viable”.
UPTA alerta de que “cuando no es así, las consecuencias son graves: se vulneran los derechos laborales de quienes sostienen el servicio día a día y se reducen los recursos económicos de la Seguridad Social, que podrían destinarse a mejorar las prestaciones sociales de las personas trabajadoras autónomas y garantizar pensiones dignas a quienes actualmente reciben las más bajas en su cuantía”.
En esta línea, la organización ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que obligue a las empresas que incurren en estas prácticas irregulares a ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) las diferencias de cotización en el RETA derivadas de la aplicación indebida de la tarifa plana.
Además, solicita que las comunidades autónomas exijan el reintegro de las ayudas públicas asociadas, como la “cuota cero”, cuando se hayan otorgado sin cumplir los requisitos, y defiende que estas bonificaciones se reserven únicamente para quienes realmente las precisan y puedan acreditarlas.
“Con estas conductas, no sólo se explota al trabajador, sino que también se socava la protección social de todos. Las plataformas deben asumir su responsabilidad y cumplir con la ley. La justicia social y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social no pueden seguir siendo víctimas de estas prácticas”, ha advertido Eduardo Abad, presidente de UPTA.