La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha planteado que el umbral máximo de facturación anual para poder acogerse al IVA de franquicia se sitúe en 50.000 euros. Según la organización, esta cifra estaría “alineada” con la media de la Unión Europea y quedaría 35.000 euros por debajo del límite de 85.000 euros que permite la directiva comunitaria.
La organización sostiene que esta referencia permitiría que la puesta en marcha del régimen de franquicia del IVA en España sea compatible con el actual sistema de “módulos”, evitando así que este último desaparezca.
Aunque la normativa europea autoriza a los Estados miembros a establecer topes de hasta 85.000 euros para el acceso al IVA franquiciado, la mayoría de los países han optado por umbrales inferiores, ajustados a la configuración de sus economías y al tamaño de sus pequeños negocios.
En varios Estados, estos límites varían en función del tipo de actividad, fijando umbrales más bajos para los servicios que para la venta de bienes, al tratarse de sectores con menor volumen de gastos deducibles, explica UPTA.
En este escenario, los límites aplicables al régimen de franquicia del IVA dentro de la UE son muy dispares: desde los 6.700 euros anuales de Dinamarca hasta los 85.000 euros de Italia, pasando por los 22.000 euros de Alemania, los 50.000 euros de Letonia y Luxemburgo o los 60.000 euros de Croacia y Eslovenia, entre otros ejemplos.
Para UPTA, la discusión no debe girar en torno al máximo que autoriza Bruselas, sino en torno a un umbral equilibrado que se ajuste a la realidad económica española. “El promedio europeo se sitúa en torno a los 40.000 -45.000 euros, lo que convierte los 50.000 euros en una referencia razonable y coherente”, argumenta la organización.
El régimen de franquicia persigue reducir las cargas fiscales y burocráticas de los pequeños autónomos. Sin embargo, UPTA advierte de que, en la práctica, este tipo de esquema termina beneficiando sobre todo a quienes tienen poco IVA soportado, especialmente profesionales de actividades de carácter intelectual, como consultores, programadores, diseñadores, así como abogados, procuradores y técnicos con una estructura de costes muy reducida.
“Se trata, en muchos casos, de perfiles cuya actividad no conlleva prácticamente IVA deducible y no requiere inversión en maquinaria ni una red significativa de colaboradores. Esta situación puede generar desequilibrios frente a otros autónomos que sí soportan IVA en sus gastos habituales, lo que obliga a diseñar el sistema con criterios de equidad y equilibrio”, expone la organización.
Al mismo tiempo, UPTA reclama que el modelo incorpore herramientas eficaces de seguimiento y control para reforzar la transparencia y prevenir usos indebidos, más aún en un entorno marcado por la creciente digitalización de la economía.
En esta línea, la entidad propone estudiar la opción de limitar la facturación procedente de otros autónomos acogidos al mismo régimen de IVA de franquicia a menos del 50% del total, o fijar un tope global equivalente al 50% de la facturación, con el fin de impedir un empleo distorsionado de este mecanismo.
“El objetivo no es fijar el límite más alto posible, sino establecer un umbral útil y adaptado al tejido productivo real de nuestro país. La experiencia europea demuestra que los países han optado mayoritariamente por límites intermedios, y en algunos casos incluso más ajustados para determinadas actividades, especialmente en el ámbito de los servicios. El IVA de franquicia es una herramienta positiva y necesaria, pero debe implantarse con cabeza, con un límite coherente”, defiende el presidente de UPTA, Eduardo Abad.