La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calcula que el proceso de regularización de personas migrantes podría derivar en unas 70.000 nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
La entidad que preside Eduardo Abad anticipa que en torno al 14% de quienes obtengan la regularización apostarán por iniciar un proyecto propio y ejercer una actividad por cuenta propia.
Las personas migrantes que se acojan al procedimiento extraordinario aprobado por el Gobierno tendrán autorización para trabajar tanto por cuenta ajena como como autónomos durante un año desde que se admita a trámite su solicitud, un permiso cuya duración podrá ampliarse.
UPTA ha remarcado en un comunicado que esta decisión representa una “oportunidad estratégica” para abordar uno de los principales desafíos estructurales de España: el envejecimiento de la población activa y la próxima jubilación de miles de trabajadores, tanto asalariados como autónomos. Al mismo tiempo, la organización sostiene que la medida contribuirá a avanzar de forma clara en la lucha contra la economía sumergida.
De acuerdo con los datos de UPTA, los autónomos de origen inmigrante aportan cerca de 10.500 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) y han ingresado más de 8.500 millones en cotizaciones sociales, mientras que las prestaciones solicitadas no llegan a los 6.000 millones de euros.
La organización ha incidido en que esta regulación se produce en un momento especialmente relevante, en el que muchos sectores productivos tienen serias dificultades para cubrir puestos vacantes y, simultáneamente, miles de pequeños negocios precisan relevo generacional y personal cualificado.
Pese a ello, UPTA ha recalcado que será necesario acompañar todo este proceso con un refuerzo en los programas de formación y recualificación profesional dirigidos a miles de trabajadores y emprendedores.