La Unión Sindical Obrera (USO) sostiene que la tasa del Índice de Precios de Consumo (IPC) de febrero, fijada en el 2,3%, “ya no refleja” la coyuntura económica actual y alerta de que el escenario internacional, condicionado por el conflicto en Oriente Próximo, puede desencadenar un nuevo impulso inflacionista en los próximos meses, sobre todo en energía y bienes de primera necesidad.
Según el sindicato, el dato difundido responde a una situación anterior al aumento de la tensión global tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, un acontecimiento que, a su entender, impactará en el comercio mundial y en los costes energéticos y que acabará notándose en la economía de los hogares.
El secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha avisado de que el nuevo marco geopolítico podría presionar de forma especial los precios ligados al suministro energético doméstico, con consecuencias directas sobre las finanzas familiares, y ha recalcado que, aunque el índice general se moderó en febrero, los alimentos siguen encareciéndose por encima del promedio.
Ante este panorama, el responsable sindical ha instado a la Unión Europea a fijar una postura “clara y firme” en defensa de la paz y el desarme, al entender que la escalada militar y la configuración de bloques sustentados en la fuerza armada termina afectando también a la economía diaria de la ciudadanía.
En esta línea, Pérez ha rememorado que crisis como la invasión rusa de Ucrania de 2022 ya pusieron de manifiesto cómo los conflictos bélicos prolongados acaban trasladándose a los precios, consolidando además los problemas políticos que se pretendía resolver.
USO valora que se empiece a debatir la puesta en marcha de medidas para frenar el aumento del coste de los productos básicos, aunque advierte de que las rebajas fiscales, si no se acompañan de una supervisión efectiva, pueden acabar favoreciendo a las empresas en vez de repercutir en los consumidores.
Por este motivo, el sindicato apuesta por aplicar tipos superreducidos de IVA a bienes esenciales como los alimentos, pero vinculados a sistemas de control y, en caso necesario, sanciones a quienes no trasladen esas reducciones al precio final.