Las asociaciones que agrupan a los viajeros habituales de media distancia convencional y Avant han reclamado “consenso político” en torno a las medidas de apoyo a la movilidad ferroviaria tras el accidente de Adamuz, según han señalado este lunes en un comunicado.
En particular, la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España (Avrave) ha querido expresar la postura de los usuarios del tren en una semana “especialmente dura para el conjunto del sistema ferroviario y para la sociedad”.
“Las tragedias de Adamuz y Gelida ponen de manifiesto, para quien aún pueda albergar dudas, que el tren responde a una demanda ciudadana alejada de cualquier filiación política”, ha indicado la federación, remarcando que constituye el “eje de la movilidad cotidiana de miles de personas para acudir al trabajo, a los estudios, a la atención sanitaria o al ocio y en el que viajan todas las ideologías y todas las realidades sociales”.
Exigen un tren seguro, fiable y asequible
Las asociaciones han subrayado que su labor se centra en trasladar a las administraciones, a los partidos políticos y a los agentes sociales una “realidad que puede resumirse en una idea sencilla, la necesidad de un tren seguro, fiable, bien mantenido, útil y asequible”.
Al mismo tiempo, han recordado que “el ferrocarril es una prioridad estratégica de la Unión Europea (UE), tanto por su papel en la cohesión territorial y social como por su contribución a la transición ecológica”.
En estos días, han advertido, se han escuchado mensajes que plantean “un supuesto conflicto entre la inversión y el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y las políticas de transporte asequible desplegadas recientemente, como las ayudas a los bonos recurrentes, el abono único y la convalidación del Real Decreto que las ampara”.
Acceso universal y falso dilema entre inversión y tarifas
En este contexto, la federación ha precisado que el acceso a un transporte público asequible y respetuoso con el medio ambiente es un objetivo explícito de la UE y una “herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial y social, especialmente en un contexto de inflación y aumento del coste de la vida”.
También han insistido en que los servicios públicos tienen una “vocación de universalidad”, ya que su misión es asegurar derechos básicos, como la movilidad, de forma equitativa y segura para toda la población.
“Plantear este debate como una elección entre mantenimiento del sistema ferroviario o políticas tarifarias constituye un falso dilema, porque ambas son necesarias y complementarias”, han recalcado, apuntando que “no hay transporte público seguro sin inversión y mantenimiento, pero tampoco hay un sistema verdaderamente público sin accesibilidad económica”.
Críticas a los intentos de desacreditar las ayudas al transporte
Las asociaciones consideran “preocupante” que determinadas voces traten de deslegitimar las políticas de movilidad asequible, presentes desde hace años en distintas comunidades autónomas y ayuntamientos de distinto signo político, tildándolas de ‘compra de votos’.
En su opinión, “las ayudas al transporte responden a una necesidad social real y a compromisos europeos claros, por lo que desviar el debate hacia otros marcos empobrece la discusión pública y resulta especialmente inapropiado en un momento de dolor compartido”. La federación ha remarcado que “un sistema ferroviario sólido que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos exige inversión, mantenimiento, accesibilidad y responsabilidad compartida, así como seguir trabajando en positivo, con respeto institucional y sin confrontaciones estériles”.
Por ello, las asociaciones han apelado a la cooperación, al diálogo y a los acuerdos entre todas las administraciones y fuerzas políticas para reforzar el sistema ferroviario, democratizar el servicio y mejorar la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía, “especialmente a los dos principales bloques políticos”, a los que atribuyen la responsabilidad de atender la demanda social de mantener una política de tarifas asequibles en el transporte público.
“La sociedad civil espera de sus representantes públicos que consensuen soluciones a los problemas de los ciudadanos y estén a la altura de lo que representan y a quien representan”, han concluido.