La diputada de Vox por Málaga en el Congreso, Patricia Rueda, ha denunciado este lunes dos “problemas” que, según ha indicado, “preocupan enormemente a Málaga porque afectan directamente a actividades que generan empleo y riqueza: el turismo y el sector primario”, en referencia a las “colas tercermundistas” en el control de pasajeros del aeropuerto malagueño y “la grave situación” del sector primario.
En cuanto al turismo, Rueda ha censurado las escenas de “largas colas y colapsos” registradas en el control de pasaportes del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol durante las vacaciones navideñas, un escenario que, ha apuntado, “se repite en otros aeropuertos de España”. “¿Y esto de quién es culpa? Del Ministerio del Interior”, ha manifestado.
De este modo, ha responsabilizado al Gobierno de “dañar gravemente la imagen turística de Málaga y de España” por estas colas y ha arremetido contra el ministro Fernando Grande-Marlaska por “dejar sin medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no acometer las obras necesarias para modernizar comisarías ni garantizar una equiparación salarial justa”. “Golpea directamente al turismo con este caos en los aeropuertos”, ha añadido.
“Desde Vox lo denunciamos con claridad y nos ponemos del lado del sector turístico, que lleva tiempo alertando del daño que esta situación provoca a la imagen de Málaga y de España”, ha recalcado la diputada.
Rueda también ha aludido a “la grave situación” del sector primario, que, ha dicho, repercute “a muchas familias malagueñas”. Ha recordado que 2025 ya fue “un mal año para la agricultura malagueña, con una facturación de 39 millones de euros menos que en 2024” y ha avisado de que “2026 va a ser un absoluto desastre” por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Según ha explicado la parlamentaria, “la Unión Europea, con el respaldo del PP y del PSOE, ha impulsado un acuerdo al que solo Vox ha dicho no”, al tiempo que ha opinado que este pacto “atenta contra la soberanía alimentaria y contra el pan de muchas familias” y ha alertado de que supone asimismo “un problema de salud pública”, al permitir la entrada en Europa de productos que “no cumplen las condiciones sanitarias que sí se exigen a los productos malagueños”.
“Decimos no a este acuerdo porque atenta contra la salud pública, contra la calidad, contra la seguridad alimentaria, contra la viabilidad de las explotaciones agrarias, contra el relevo generacional y contra el sustento de miles de familias”, ha concluido.