El Real Decreto-ley para la revalorización de las pensiones en 2026, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, ha entrado en vigor este miércoles con efectos retroactivos desde el 1 de enero, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De esta forma, el incremento de las pensiones previsto para este ejercicio vuelve a estar plenamente operativo, pese a que aún falta su convalidación en el Congreso. Esa votación tendrá lugar en los próximos días y no se prevén obstáculos, ya que la mayoría de los grupos de la Cámara Baja, entre ellos PP y Junts, se muestran favorables a la subida.
Al desligar la actualización de las pensiones del resto del denominado escudo social, incluido en otro decreto distinto, el Gobierno se ha garantizado la convalidación parlamentaria del aumento de las pensiones. Así, los pensionistas continuarán percibiendo en su nómina de febrero la subida de 2026, igual que ya ocurrió con la paga de enero.
La decisión del Ejecutivo de separar la revalorización de las pensiones del llamado escudo social, adoptada a última hora, llega después de que el pasado 27 de enero el Congreso rechazara, con los votos de PP, Junts, Vox y UPN, el decreto ómnibus que agrupaba ambas medidas. Ahora, la convalidación de los dos nuevos decretos se someterá a votación por separado en la Cámara Alta.
¿Cuánto aumentan las pensiones contributivas en 2026?
Las pensiones contributivas y las de clases pasivas registran este año una subida del 2,7%, mientras que las pensiones mínimas se incrementan más de un 7%. En concreto, las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares crecen un 11,4%, el mismo porcentaje que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizan un 11,4%.
La subida de las pensiones para 2026 ya se aplicó en enero a casi 13 millones de pensiones y prestaciones del sistema público y, tras la caída del decreto ómnibus, el objetivo ahora es asegurar su continuidad sin cambios en las nóminas mediante la aprobación específica de la revalorización.
Las pensiones contributivas y las de clases pasivas, en función de la evolución de los precios, aumentan un 2,7% en 2026, el mismo porcentaje que se aplica al complemento para la reducción de la brecha de género.
Este incremento del 2,7% en 2026 alcanza a los 9,4 millones de personas que cobran más de 10,4 millones de pensiones contributivas, así como a los más de 734.000 beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuyas prestaciones también se elevan un 2,7%.
De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7% este año supone en torno a 570 euros adicionales anuales para una pensión media de jubilación, mientras que la pensión media del conjunto del sistema se incrementa en casi 500 euros al año.
Pensiones mínimas y no contributivas
Las pensiones mínimas aumentan en 2026 más de un 7% (+7,07%). No obstante, el alza es superior para las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares, que suben un 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el IMV.
Las pensiones de vejez e invalidez del SOVI también se revalorizan un 7,07% en 2026, hasta situarse en 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes y en 582,10 euros mensuales para las concurrentes.
La pensión mínima de jubilación para titulares de 65 años o más en hogares unipersonales se fija en 13.106,80 euros anuales en 2026, frente a los 12.241,6 euros de 2025, y en 17.592,40 euros para quienes tengan cónyuge a cargo, por encima de los 15.786,4 euros de 2025.
Asimismo, la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% asciende en 2026 a 5.962,80 euros anuales, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.942,40 euros al año, un 2,7% más.
Además, el decreto establece la pensión máxima en 3.359,60 euros mensuales, equivalentes a 47.034,40 euros anuales, y fija la base máxima de cotización en 5.101,2 euros mensuales, lo que supone un 3,9% más que en 2025.
Congelación de cuotas de autónomos y otras medidas
La norma incluye también otras disposiciones en materia de Seguridad Social ya contempladas en el decreto ómnibus rechazado, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos para 2026, la exención de la obligación de presentar la declaración de IRPF para las personas en paro, la ampliación en 10 años de los préstamos concedidos a la Seguridad Social y las tarifas aplicables a la cotización por contingencias profesionales.
Al mismo tiempo, el decreto prolonga durante un año más la posibilidad de que los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras del Sistema Nacional de Salud con nombramiento estatutario o funcionario compatibilicen la pensión contributiva de jubilación con el ejercicio de su actividad.
El texto también incorpora una cotización adicional para bomberos y agentes forestales con el fin de que puedan adelantar la edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores.
MEI y cuota de solidaridad
El decreto actualiza igualmente la cotización correspondiente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la denominada cuota de solidaridad.
En concreto, la sobrecotización del MEI, destinada a alimentar el Fondo de Reserva de las pensiones, se eleva al 0,9% en 2026, frente al 0,8% de 2025, tanto para autónomos como para asalariados, con independencia del nivel salarial.
Por otro lado, la cuota de solidaridad, que entró en vigor en 2025 y se desplegará por completo en 2045, consiste en una cotización adicional sobre la parte del salario que supera la base máxima de cotización, aplicada por tramos y de forma progresiva.
En 2025, la cuota de solidaridad fue del 0,92% para el tramo de salario de hasta un 10% por encima de la base máxima, del 1% para el tramo entre un 10% y un 50% superior a dicha base y del 1,17% para el tramo en el que el salario sobrepasa en más de un 50% la base máxima. Estos tipos de cotización aumentan en 2026 hasta el 1,15%, el 1,25% y el 1,46%, respectivamente.