La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha subrayado que fomentar un empleo «decente» y mejorar las condiciones y salarios laborales son claves para «reducir la presión mental sobre las personas trabajadoras».
En un evento reciente, Díaz ha destacado la ampliación del permiso por fallecimiento a 10 días y la introducción de un permiso por cuidados paliativos como ejemplos de estas políticas. Estas declaraciones se hicieron durante los ‘Desayunos Informativos de Europa Press’.
En una jornada en Ginebra organizada por la Academia Europea de Salud Psicológica Ocupacional, la ministra expuso las iniciativas promovidas por su ministerio para asegurar el bienestar de los trabajadores. Entre estas, resalta la Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo, que ahora incluye la salud mental de forma integral, y el Real Decreto 893/2024, que protege la seguridad y salud en el servicio doméstico, tradicionalmente discriminado.
REFORMA LABORAL, SALARIO MÍNIMO PROFESIONAL Y REDUCCIÓN DE JORNADA
La reforma laboral, que busca reducir la temporalidad abusiva y aumentar la estabilidad laboral, ha sido un «gran éxito» según Díaz, gracias al diálogo social tripartito. Esto ha mejorado sustancialmente las condiciones laborales de muchos trabajadores.
Además, el aumento del Salario Mínimo Profesional ha sido fundamental para cerrar brechas salariales, especialmente entre mujeres y jóvenes, y para mejorar las condiciones laborales en general.
Díaz también ha mencionado los esfuerzos continuos por reducir la jornada laboral, vinculando esta medida directamente con la mejora de la salud mental de los trabajadores.
NORMATIVA PARA RIESGOS PSICOSOCIALES A NIVEL INTERNACIONAL
El ministerio ha trabajado en ampliar los permisos relacionados con el cuidado y la atención a menores, reconociendo el cuidado como un riesgo laboral significativo, especialmente para las mujeres.
Yolanda Díaz ha enfatizado la necesidad de invertir en una cultura de prevención para la salud mental en el trabajo y abogó por una normativa «específica» para manejar los riesgos psicosociales a nivel internacional.