La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado este miércoles en el Congreso que ninguna compañía está legitimada para sancionar ni tomar represalias contra un empleado que falte o se retrase en su puesto cuando la causa sea un problema con el tren.
Este aviso lo ha realizado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, después de que el diputado de Esquerra Republicana (ERC), Jordi Salvador, reclamara a la vicepresidenta la adopción de medidas extraordinarias ante el “colapso más absoluto” que sufre el sistema ferroviario en Cataluña, con “trenes que no pasan”, “retrasos eternos”, “averías” y vagones saturados en los que los usuarios viajan pegados unos a otros.
“Concretamente le pido, para que nadie pierda el trabajo, el sueldo o su negocio por culpa de un tren, ¿qué piensa hacer el Gobierno?”, ha planteado el diputado republicano.
En su respuesta, Yolanda Díaz se ha adherido a la crítica al actual modelo de trenes de cercanías en España, al que ha calificado de “fallido” y “completamente fracasado” por haberse priorizado la alta velocidad y un diseño radial que obliga a pasar por Madrid para numerosos desplazamientos.
En cuanto a las vías para afrontar las consecuencias laborales de los retrasos ferroviarios, la titular de Trabajo ha remarcado que Renfe ya dispone de la facultad de expedir justificantes de retrasos y ausencias a los viajeros cuando estos se producen. Además, ha puesto el foco en la garantía de indemnidad, que protege a la persona trabajadora frente a cualquier represalia empresarial por ejercer y reclamar sus derechos.
“Ningún trabajador o trabajadora catalán puede ser sancionado por retrasos o ausencias al trabajo”, ha concluido Díaz, que ha invitado a ERC a colaborar con el Ministerio en caso de detectarse incumplimientos por parte de las empresas.