La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha propuesto este viernes un replanteamiento de las directivas europeas relacionadas con el trabajo temporal, los empleos a tiempo parcial y las empresas de trabajo temporal (ETTs), con el fin de adaptarlas a las nuevas realidades sociales.
En su alocución en el Foro Social de Oporto, en Portugal, Díaz ha destacado la importancia de actualizar estas normativas para garantizar aspectos como la desconexión digital y la formación de trabajadores, así como regular la inteligencia artificial en el empleo y fortalecer la protección laboral ante el cambio climático.
La ministra considera que estas medidas son esenciales para consolidar empleos de calidad y deben ser parte del nuevo Plan de Acción de Derechos Sociales que se está debatiendo en Bruselas.
Díaz ha enfatizado que el empleo no debe ser a cualquier costo y ha señalado las distorsiones que los ‘minijobs’ están causando en el modelo social europeo. Ha abogado por incorporar propuestas específicas y herramientas legislativas en el próximo Plan de Acción del Pilar de Derechos Sociales, un documento que definirá la agenda social de la Comisión Europea para los próximos años y que podría incluir el objetivo de promover empleo de calidad.
En este contexto, Díaz ha revelado que su ministerio ha desarrollado un indicador para medir el grado de precariedad laboral, ofreciéndolo a todos sus homólogos europeos. Además, durante la presidencia española de la UE, se solicitó al Consejo Económico y Social de Europa un estudio sobre los impactos de la precariedad laboral en la salud mental de los trabajadores.
En el Foro Social de Oporto, Díaz ha alertado sobre la disminución de iniciativas legislativas en Europa que garanticen derechos laborales ante los cambios del mercado de trabajo y ha advertido que, sin avances sociales, Europa corre el riesgo de volverse ‘irrelevante’ y perder la legitimidad ante sus ciudadanos.
Finalmente, ha resaltado las políticas implementadas en España que favorecen la estabilidad laboral, y ha enfatizado el reconocimiento de derechos climáticos para los trabajadores y la prevención del uso de algoritmos que prioricen el rendimiento económico sobre el bienestar laboral.