QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentará en la reunión del Consejo de Ministros de mañana martes un procedimiento urgente para implementar el nuevo sistema de registro horario, que se pretende aprobar mediante un Real Decreto. Esto significa que no requerirá la aprobación de las Cortes.
A pesar de las recientes incertidumbres causadas por unas declaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fuentes del ministerio dirigido por Díaz han confirmado a Europa Press que la medida se llevará a cabo según lo anunciado previamente por la vicepresidenta.
La necesidad de acelerar la implementación del registro horario surge después de que el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales fuera rechazado en el Congreso, lo cual incluía una reforma del sistema de registro. Ante esta situación, la ministra decidió avanzar con el registro horario de forma independiente.
El 11 de septiembre, tras la negativa del Congreso a la reducción de jornada, el Ministerio lanzó una consulta pública para el proyecto de Real Decreto sobre el nuevo registro de jornada. El periodo para realizar aportaciones comenzó el 12 de septiembre y concluyó el pasado viernes, buscando recoger opiniones de ciudadanos y entidades antes de finalizar la normativa.
Una vez recogidas las aportaciones, se redactará el texto definitivo, que luego será objeto de una audiencia pública. Posteriormente, deberá ser aprobado por los órganos colegiales y, finalmente, por el Consejo de Ministros, para ser publicado en el Boletín Oficial del Estado sin necesidad de convalidación parlamentaria.
El Ministerio anticipa que, aunque la patronal probablemente impugne la norma, esta cuenta con una sólida base legal. La reforma del registro horario es considerada crucial por Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT para abordar el problema de las horas extras no pagadas que se registran semanalmente en España.
El decreto también abordará el control de las jornadas mediante un sistema que garantice la fiabilidad, objetividad y accesibilidad, así como el desarrollo de mecanismos para el ejercicio y control del derecho a la desconexión.
