QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instruido este miércoles a la comisión de expertos que asesora sobre el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para que determine -bajo la directriz de que el SMI alcance al menos el 60% del salario medio según la Carta Social Europea- las cifras que debería alcanzar el SMI en 2026, considerando dos escenarios: con y sin exención en la tributación del IRPF.
El Ministerio de Hacienda será quien decida finalmente si el SMI de 2026 estará sujeto a tributación, aplicando el monto correspondiente. «Lo que dejo en manos del Ministerio de Trabajo es la fijación del salario mínimo, en uno o en otro criterio y, soy clara, vamos a cumplir con el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea, exento de tributación o tributando, y por tanto, no nos vamos a distraer en discusiones», expresó Díaz, buscando evitar conflictos previos con Hacienda sobre este tema.
«Desde que llevo siendo ministra, desde el 13 de enero del año 20, que tomé posesión hasta hoy, nunca he invadido una competencia de otro ministerio. Aquí lo dejo», enfatizó la ministra. Díaz ha solicitado a los especialistas que evalúen dos cifras para la actualización del SMI, considerando la fiscalidad actual y una posible nueva tributación.
Además, Díaz ha destacado que es crucial que la comisión de expertos se pronuncie pronto para que sus recomendaciones se implementen a la mayor brevedad. Una vez obtenido el informe, se discutirá en la mesa de diálogo social para buscar consenso.
En cuanto a los factores económicos actuales, Díaz recordó que se deben considerar el IPC, el crecimiento de la productividad, el aumento de las rentas salariales en la renta nacional y la situación económica general, que actualmente muestra un crecimiento del 3,1% en el segundo trimestre del año. «Así que les hemos instado a tener en cuenta la situación de España, donde van las cosas bien, y qué sectores merecen más apoyo», concluyó Díaz.
La comisión asesora incluirá académicos de la Universidad Pública y representantes de los agentes sociales y ministerios, siendo Begoña Cueto la relatora de la misma.
