Tras semanas de intensas negociaciones, PP y Vox han llegado a un acuerdo en Extremadura para investir a la líder regional de los 'populares', María Guardiola. Demócrata ha tenido acceso al documento completo del pacto, que traza una hoja de ruta para los próximos cuatro años perfilada en una combinación de rebajas fiscales, impulso al sector primario y endurecimiento de las políticas en materia de migratoria.
Consulte a continuación todas las claves del acuerdo:
Rebajas fiscales: IRPF, Sucesiones y Donaciones y otros tributos
El pacto articula un paquete de reducción fiscal progresiva que afectará a los principales tributos autonómicos con impacto directo en las rentas medias y en el coste de determinados servicios públicos. El texto prevé una reducción anual del IRPF del 0,25% en los dos primeros tramos de la tarifa autonómica, con el objetivo de acumular una rebaja total de 1 punto porcentual al final de la legislatura.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se ampliará la bonificación del Grupo III de parentesco en situaciones de especial vinculación familiar. En estos casos, se contempla la posibilidad de extender la reducción de hasta 500.000 euros en la base imponible a sobrinos, siempre que no existan descendientes directos del causante.
Se reduce al 0,5% el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en escrituras de compra de vivienda habitual, siempre que el precio no supere los 200.000 euros y los beneficiarios se sitúen por debajo de determinados umbrales de renta (30.000 euros en tributación individual y 55.000 en conjunta).
El acuerdo incluye una reducción general de tasas y precios públicos, recuperando bonificaciones de legislaturas anteriores. Entre las medidas destacan:
- Gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años
- Bonificaciones en licencias de caza y pesca
- Reducción de tasas vinculadas a certificaciones y dirección de obras
- Bonificación del 50% en la ITV en los supuestos previstos
- Rebajas de hasta el 100% en determinados precios públicos y servicios administrativos
Energía e industria: central nuclear de Almaraz como eje estratégico
En materia energética, sitúa a la central nuclear de Almaraz como uno de sus ejes estratégicos en materia energética, con una batería de medidas fiscales y de planificación económica vinculadas a su continuidad y al desarrollo del entorno.
El pacto contempla la reforma de la ecotasa autonómica que grava la producción energética en Almaraz, con una reducción progresiva del 30% anual hasta su eliminación completa antes del final de la legislatura. Durante ese periodo transitorio, el 50% de la recaudación se destinará a un fondo específico orientado al desarrollo socioeconómico del entorno de la central. Este mecanismo financiará infraestructuras, empleo y vivienda en su área de influencia.
El horizonte temporal fijado para la aplicación de las primeras medidas es el 1 de enero de 2027. El documento incorpora también un Plan integral de atracción y dinamización industrial en Extremadura, con el objetivo de reforzar el tejido productivo y mejorar la competitividad regional.
El plan incluye:
- Liberalización de suelo industrial suficiente y a precios asequibles
- Ampliación, modernización y creación de nuevos polígonos y parques empresariales
- Incentivos y ayudas a la implantación, renovación o reconversión de actividades industriales
- Reducción de cargas administrativas para la instalación de empresas
El acuerdo vincula el desarrollo energético con dos objetivos principales: reforzar la capacidad de la red eléctrica para impulsar la industria y la vivienda, y limitar la expansión de grandes proyectos renovables en determinados suelos.
La Junta impulsará el fortalecimiento y la planificación de las redes eléctricas como elemento clave para atraer inversión industrial y facilitar el acceso a vivienda.
Para ello, el pacto prevé:
- Agilización de los trámites administrativos vinculados a infraestructuras eléctricas
- Elaboración de un Plan Autonómico de Red y Demanda para anticipar necesidades energéticas
- Coordinación entre planificación energética, suelo industrial y desarrollo residencial
- Eliminación de cuellos de botella que dificulten nuevas inversiones
El acuerdo introduce también una política de contención para la implantación de grandes instalaciones renovables. El texto subraya la prioridad de compatibilizar la transición energética con la protección del campo, la actividad agraria y la conservación del medio ambiente, evitando la ocupación “indiscriminada” del territorio.
Sector primario: protección de las "imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde"
Por otro lado, se incluye un compromiso específico de refuerzo del sector primario y de oposición a determinadas políticas europeas que, según el texto, afectan a su competitividad.
El documento establece que el Gobierno autonómico no impulsará medidas que puedan perjudicar “objetivamente” al sector primario, y anuncia una política activa de protección del campo en tres planos: económico, político y jurídico. En este marco, el acuerdo expresa un rechazo a lo que denomina imposiciones derivadas de Bruselas y del Pacto Verde europeo, planteando una revisión del impacto de estas políticas en el medio rural extremeño.
El texto incorpora además una posición contraria al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, "en tanto en cuanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños".
Asimismo, se fija como prioridad la ejecución definitiva del proyecto de regadío de Tierra de Barros, al que considera una infraestructura estratégica para el desarrollo agrario de la región. Para su impulso, el Gobierno creará una Dirección General de Regadíos, encargada específicamente de coordinar y acelerar la ejecución del proyecto, en colaboración directa con los regantes a través de una mesa de trabajo permanente.
El acuerdo plantea una revisión del marco normativo ambiental con el objetivo de simplificar los trámites en espacios protegidos como la Red Natura 2000, la Red de Espacios Protegidos y las zonas ZEPA y LIC, siempre dentro del respeto a la legislación vigente y a los compromisos de conservación.
El documento prevé además la posible revisión de la delimitación de estas áreas, bajo criterios técnicos, científicos y legales, así como la actualización de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales, con la finalidad de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico.
En paralelo, se impulsará la creación de un fondo de compensación frente a “imposiciones de Bruselas”, destinado a amortiguar el impacto de desastres naturales, situaciones sobrevenidas o nuevas obligaciones normativas sobre los sectores productivos, con el objetivo de proteger su viabilidad económica.
Sanidad: plan integral de mejora
Se contempla asimismo un plan integral de mejora del sistema sanitario orientado a reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera y optimizar los recursos del Servicio Extremeño de Salud (SES).
El eje central del proyecto será un incremento estructural de la financiación sanitaria, con una dotación adicional de 500 millones de euros anuales a partir de los presupuestos de 2026, que se consolidará en ejercicios posteriores. En paralelo, se impulsarán medidas para reducir las listas de espera mediante campañas quirúrgicas extraordinarias, ampliación de horarios, derivaciones coordinadas y fórmulas de colaboración público-privada, con horizonte de implantación antes de finales de 2026.
El plan incluye también un refuerzo de plantilla con la contratación de 1.500 profesionales adicionales en el SES, prevista en un marco cuatrienal.
Asimismo, se contemplan incentivos retributivos para zonas de difícil cobertura y para tutores MIR, junto con mejoras salariales vinculadas a la permanencia en el puesto, con el objetivo de favorecer la estabilidad del personal sanitario y reforzar la atención en el territorio.
Migración: rechazo al mecanismo de reparto de menores migrantes
En este punto, se cede terreno a Vox. El acuerdo establece una posición de rechazo frontal a la política migratoria del Gobierno central, especialmente en lo relativo a los mecanismos de reparto de personas migrantes entre comunidades autónomas.
El texto señala que la Junta se opondrá, por vías legales, jurídicas y políticas, a cualquier sistema de distribución que incluya tanto a adultos como a menores no acompañados, y afirma que no participará en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios vinculados a su acogida, financiación o permanencia en la región.
Así se incluye una revisión profunda de las subvenciones públicas a organizaciones vinculadas a la inmigración, con el objetivo de suprimir cualquier ayuda, convenio o concierto con entidades que, según el texto, contribuyan directa o indirectamente a la inmigración irregular o al denominado “efecto llamada”.
En este marco, la Junta se compromete a eliminar toda financiación pública a estas organizaciones, al considerar que no deben recibir recursos aquellas estructuras que puedan favorecer redes de tráfico de personas o la llegada irregular de migrantes. El documento incorpora además una prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos autonómicos, así como de cualquier prenda que oculte completamente el rostro en edificios y servicios dependientes de la administración regional.
La medida se justifica en criterios de seguridad, identificación personal y convivencia, y se enmarca en la defensa de la igualdad y la dignidad de la mujer, según recoge el texto del acuerdo.
Vivienda: 3.500 viviendas protegidas
Se fija como objetivo la construcción de al menos 3.500 nuevas viviendas protegidas durante la legislatura, con el fin de aumentar la oferta residencial y dar respuesta a la demanda existente en la región. El plan se apoyará en fórmulas de colaboración público-privada para acelerar el desarrollo de promociones y optimizar recursos.
El texto subraya además la necesidad de aplicar criterios de eficiencia, reducción de costes y simplificación administrativa, con el objetivo de eliminar los cuellos de botella regulatorios que, según el acuerdo, frenan actualmente la construcción de vivienda en Extremadura.
Medidas contra la ocupación: desalojo exprés y refuerzo de la asistencia jurídica
El acuerdo incluye un bloque específico en materia de seguridad y protección de la propiedad privada, centrado en la respuesta frente a la ocupación ilegal de viviendas.
El texto establece la exigencia de aplicar de forma rigurosa la legislación vigente para permitir el desalojo exprés de ocupaciones ilegales, sin excepciones, en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Junta prevé además la puesta en marcha de mecanismos autonómicos de apoyo a las víctimas, con el objetivo de agilizar los procedimientos y evitar que se prolonguen situaciones de ocupación.
Las primeras medidas deberán estar en marcha antes de finales de 2026. El acuerdo contempla la firma de convenios con los Colegios de Abogados de Extremadura para garantizar asesoramiento jurídico inmediato a propietarios y comunidades de vecinos afectados.
Este apoyo incluirá asistencia legal y acompañamiento institucional en casos de usurpación o allanamiento de morada. En los supuestos más graves, se prevén también medidas de apoyo habitacional y social para las víctimas, especialmente cuando se vean afectados derechos como la vivienda o la intimidad.
Educación: subida salarial docente, gratuidad 0-3 años y nuevas deducciones familiares
Se incorpora un conjunto de medidas centradas en el refuerzo del sistema educativo y el apoyo económico a las familias, con actuaciones tanto en el ámbito laboral como fiscal.
El texto prevé un proceso de homologación progresiva de los salarios de los docentes extremeños con la media nacional, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales, favorecer la calidad educativa y reforzar la atracción y retención de profesorado en la región. La medida se aplicará desde el primer presupuesto de la legislatura.
El acuerdo establece la gratuidad total de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, ampliando el tramo actual para incluir a los menores de 0 a 1 año a partir del curso 2026-2027. Se introduce una deducción en el IRPF por nacimiento o adopción, con cuantías de 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.200 a partir del tercero, aplicable en el año del nacimiento o adopción y durante los dos ejercicios siguientes.
La medida entrará en vigor desde el primer presupuesto autonómico. El acuerdo también contempla la ampliación de las deducciones fiscales para la compra de material escolar, con el objetivo de reducir el gasto educativo de las familias y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.
Gasto "improductivo"
El acuerdo incluye un bloque centrado en la revisión del gasto público y la reducción de lo que considera “gasto improductivo”, con el objetivo de reforzar la eficiencia y el control de los recursos autonómicos. La Junta se compromete a realizar auditorías exhaustivas y recurrentes de los recursos públicos, al final de cada ejercicio, para detectar y eliminar gastos considerados innecesarios o sin justificación suficiente.
El texto prevé una reducción del 50% de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas, cuando no acrediten una utilidad pública efectiva. El objetivo declarado es orientar los fondos públicos exclusivamente a actuaciones con impacto directo en las necesidades de los ciudadanos.
Se establece que el acceso a nuevas subvenciones estará condicionado a la justificación previa del uso de ayudas anteriores y a la acreditación de su utilidad real, con el fin de reforzar la transparencia y la evaluación del gasto. El acuerdo contempla además la reducción al mínimo legal de las partidas destinadas a cooperación internacional al desarrollo, limitándolas a lo estrictamente exigido por la normativa vigente y vinculando cualquier gasto exterior a resultados concretos y verificables.