Qué cambia exactamente para quienes cobran el paro
El Real Decreto-ley ‘ómnibus’ publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado elimina la obligación de que los beneficiarios de la prestación por desempleo tengan que presentar la declaración del IRPF, una exigencia que había sido introducida a través de la Ley General de la Seguridad Social.
El Ejecutivo reconoce ahora que dicha obligación no era meramente formal y que iba más allá del objetivo inicial de la norma, que era dotar de información adicional a la entidad gestora de las prestaciones.
Una obligación que ya se había aplazado a 2026
El pasado mes de marzo, el Gobierno ya decidió aplazar esta obligación para los perceptores del paro, de modo que no tuvieran que presentar la declaración correspondiente a 2024, que se liquida en 2025, trasladando su entrada en vigor a 2026.
Sin embargo, tras analizar su impacto, el Ejecutivo ha optado finalmente por suprimirla de forma definitiva, al considerar que una norma del ámbito social no debe modificar de facto las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
Más de 2,5 millones de nuevos obligados a declarar
Según recoge el BOE, la obligación de declarar habría incorporado a más de 2,5 millones de nuevos contribuyentes al IRPF. De ellos, el 75% percibe rentas por desempleo inferiores a 5.400 euros anuales, por lo que, de acuerdo con la normativa estrictamente tributaria, no estarían obligados a declarar.
El Gobierno admite que mantener esta exigencia no solo suponía una carga administrativa, sino que podía implicar que muchos contribuyentes tuvieran que autoliquidar e ingresar una cuota tributaria que, en condiciones normales, no les correspondería pagar.
Impacto también en Hacienda y en los beneficios fiscales
El Ejecutivo subraya que la medida habría supuesto una sobrecarga para la Agencia Tributaria, al tener que gestionar millones de declaraciones adicionales, con el consiguiente coste administrativo.
Además, advierte de que la obligación de presentar la declaración podría provocar efectos indeseados, como la pérdida del derecho a aplicar el mínimo por descendiente, perjudicando especialmente a familias en situación de vulnerabilidad.
Supresión inmediata de la obligación
A la vista de estos efectos, el Gobierno concluye que la extensión de la obligación de declarar “excede la intención de la norma” y justifica la supresión inmediata de la exigencia del IRPF para los perceptores de la prestación por desempleo.
La decisión devuelve la situación a los criterios tradicionales del sistema tributario, en los que la obligación de presentar la declaración depende del nivel real de ingresos, y no del tipo de prestación percibida.