La Junta de Extremadura busca 169 nuevos directores para sus centros educativos. La Consejería de Educación ha abierto un proceso de selección para cubrir puestos vacantes en colegios, institutos y escuelas oficiales de idiomas. Pero, más allá de esta necesidad administrativa, el movimiento revela una pregunta que emerge en el proceso de negociación del Gobierno de Extremadura, y es si Vox tendrá suficientes cuadros para cargos directivos intermedios, máxime cuando nunca han tenido experiencia de Gobierno.
Si hay un terreno donde se juega buena parte del poder real en la Administración autonómica -comentan fuentes populares a Demócrata-, no es solo en las consejerías, sino en ese entramado de direcciones generales, secretarías técnicas y mandos intermedios que sostienen el día a día de la gestión. Es ahí donde podría asomarse uno de los escollos de las conversaciones entre el Partido Popular y Vox para consolidar el Gobierno de Extremadura que preside María Guardiola.
La semana pasada, cuando todo parecía encarrilado hacia un preacuerdo, las negociaciones se detuvieron. No hubo ruptura, ni siquiera un enfriamiento. Más bien, una pausa estratégica en un clima de buena sintonía, con el compromiso de retomar las conversaciones en los días siguientes. Sin embargo, tras ese compás de espera asoman cuestiones de mayor calado que el mero reparto de competencias.
Una administración nutrida de funcionarios socialistas
Fuentes populares consultadas por este medio apuntan a uno de esos nudos: la estructura interna de la Administración. Si Vox aspira a asumir consejerías de peso como Agricultura, esta formación deberá enfrentarse a un aparato administrativo moldeado durante décadas de gobiernos socialistas. No es un detalle menor. En palabras de una fuente socialista de Badajoz, la Consejería de Agricultura ha sido tradicionalmente “un caladero” de trabajadores que las sucesivas juntas han ido funcionarizando, lo que ha configurado un ecosistema donde predominan perfiles próximos al PSOE.
El desafío no es solo ideológico, sino operativo. Desde el entorno del Partido Popular advierten de que se trata de la consejería más extensa de toda la Junta. Y, además, una de las más expuestas: “por aquí pasan los hombres de negro de Bruselas”, deslizan, en referencia a los mecanismos de supervisión de la Unión Europea sobre la ejecución de fondos y políticas agrarias. Un terreno donde las posiciones de Vox, liderado por Santiago Abascal, no siempre coinciden con las directrices comunitarias.
"Vamos a sorprender"
En Vox, sin embargo, rebajan la inquietud. Sostienen que no tienen problema en nutrir esos niveles intermedios: aseguran contar con perfiles “bien formados, preparados y con experiencia”, muchos de ellos fuera del foco electoral del pasado 21 de diciembre. “Sorprenderá la cualificación de nuestra gente”, apuntan.
La formación reconoce, además, la valía de la actual consejera, Mercedes Morán Álvarez. Pero eso no diluye su interés: Agricultura sigue siendo una pieza codiciada. No solo por su peso presupuestario, sino por su capacidad de influencia en el mundo rural, clave en el mapa electoral extremeño. Para Vox, es una consejería estratégica, tanto económica como simbólica, desde la que proyectar su discurso en defensa del campo frente a políticas que consideran lesivas.
La importancia de la fiscalidad
Sin embargo, la negociación no orbita exclusivamente en torno a esta cartera. Las fuentes consultadas subrayan que el verdadero pulso se libra también en el terreno presupuestario: qué partidas existen, qué margen hay para reorientarlas y, sobre todo, en qué plazos pueden materializarse las exigencias programáticas de Vox. Entre ellas, la fiscalidad ocupa un lugar central, con especial atención a impuestos como Sucesiones y Donaciones y su eventual desarrollo o reforma.
En ese contexto, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, ya dejó entrever la semana pasada que las conversaciones avanzaban “por buen camino”. Citó como ejemplos de entendimiento la gestión forestal en Tierra de Barros, las políticas de vivienda, la continuidad de la central nuclear de Almaraz y determinados aspectos fiscales. Ámbitos en los que, según reconoció, ya se ha empezado a trabajar con cifras y partidas concretas.
“Ya daremos información del acuerdo, cuando haya acuerdo”, zanjó entonces, recordando que será la propia presidenta quien lo anuncie llegado el momento.
Después de Semana Santa
Ese momento, sin embargo, sigue sin fecha. El calendario político añade presión, pero también margen. Con el horizonte del 3 de mayo como límite legal y el inesperado adelanto electoral en Andalucía alterando el tablero, las piezas se mueven con cautela. La adelantada convocatoria andaluza, sugiere que el PP confía en sus expectativas en esa comunidad, como van marcando los distintos sondeos, mientras introduce una incógnita sobre el comportamiento de Vox, cuyos resultados podrían no replicar las dinámicas vistas en territorios como Extremadura o Aragón.
En ese cruce de tiempos -entre la urgencia institucional y la oportunidad estratégica-, las negociaciones siguen abiertas. Sin estridencias, pero con la sensación, cada vez más extendida, de que el acuerdo no está lejos, aunque tampoco sea inminente, desde luego, nunca antes del regreso de la Semana Santa.