El Real Decreto de Contratación y Suministro, recientemente aprobado, introduce de manera definitiva en el sistema eléctrico español al agregador independiente. Como la propia normativa, su creación ha estado rodeada de polémica por lo que para muchos es una regulación demasiado improvisada para una figura tan compleja. Su inclusión en el mercado recuerda al aterrizaje de los operadores móviles virtuales (OMVs) en el sector de las telecomunicaciones, y los hay temerosos de que sus efectos también sean los mismos.
Los OMVs son compañías comercializadoras de telefonía móvil que no disponen de infraestructura propia y compiten en la comercialización con las operadoras preexistentes. En el sector telecom, la liberalización se hizo de extremo a extremo y, por tanto, cada compañía tiene su red propia y también ejerce la comercialización. Los OMVs llegaron para competir del mismo modo que los agregadores independientes vienen para para competir con las comercializadoras (que tampoco gestionan redes y son pura comercialización).
Su aparición inicial data de 2003, como en el caso actual del i, con una directriz europea, y ahí se pueden encontrar ya los primeros paralelismos, puesto que los motivos que se argumentaron para su introducción en el mercado suenan muy parecidos a los esgrimidos ahora para los agregadores: dinamizar la competencia, evitar monopolios u ofrecer precios más económicos.
El contexto del momento, sin embargo, era diferente: una suerte de oligopolio de comercializadoras (operadoras) móviles en el país (tres en aquel momento) y un precio medio del servicio en España por encima de la media europea. En España hoy, sin embargo, el elemento de la factura que realmente depende de las diferentes ofertas tarifarias de las comercializadoras sin los costes fijos del Gobierno y CNMC, la tarifa de la luz de los hogares españoles, se sitúa hasta un 15% por debajo de la media de los 27 países de la UE con los últimos datos de Eurostat. En cuanto al número de comercializadoras existentes dista mucho del cuasi oligopolio de los servicios de telefonía móvil de entonces: hay más de 400..
Relación con las comercializadoras
En el sector eléctrico ya existe, por tanto, la figura de las comercializadoras independientes, unas 300 que carecen de grandes infraestructuras como las que sí disponen los grandes grupos integrados aunque tengan separada la actividad de su propia comercializadora. En conjunto, estas 300 comercializadoras independientes, un verdadero récord de concurrencia en Europa, tienen menos de un 10% del mercado residencial, por lo que no parece que el problema de mayor competencia venga de su número ni de la falta de competencia en precios, sino de otros factores no abordados por los reguladores que han de velar por la transparencia y verdadera libertad de elección de oferta en el sector. A estas barreras se suma ahora cómo encajará el agregador independiente, que es un nuevo inquilino en un mercado complejísimo, sin experiencia previa en la comercialización con el cliente ni en los mercados eléctricos, lo que les obligará a llegar a acuerdos con quién sí tiene bagaje, es decir, las comercializadoras.
Esto, aseguran a Demócrata fuentes del sector, recuerda mucho al fracasado precedente de los OMVs, porque eran también agentes comercializadores independientes sin experiencia que debían llegar a acuerdos con las comercializadoras que ya operaban. Las mismas fuentes temen que el Estado termine por intervenir el precio mayorista para que los agregadores independientes tengan un margen de subsistencia que no venga del valor que realmente aporten al cliente final.
Es decir, preocupa que el Ministerio imponga el precio del acuerdo -la compensación- al que lleguen con las comercializadoras, y que no retribuya justamente el coste de la energía en el que incurren estas previamente.
Ni en el caso de los OMVs, con un escenario radicalmente distinto con solo tres comercializadoras y un precio medio elevado vs UE real, se fue tan lejos: en 2006 (y tras recibir el respaldo de la Comisión Europea), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (predecesora de la actual CNMC) emitió una resolución con la que obligaba a colaborar pero en ningún caso imponía, ni siquiera a las comercializadoras móviles incumbentes, un precio de compensación, sino “llegar a un acuerdo razonable”. Se propuso, por la autoridad independiente que vela por la competencia, un enfoque que fomentaba la libre negociación entre los OMVs y los comercializadores móviles, pues la CMT solo intervendría en caso de que no alcanzasen un acuerdo. Sí se obligó a dar acceso con todos los medios a las redes, como harían en cualquier caso hoy las distribuidoras eléctricas, por ser el eslabón regulado del sector eléctrico que debe dar acceso sin discriminación a todas las comercializadoras del sector, además de al agregador independiente.
En el caso del Real Decreto de Contratación y Suministro, la previsión -inconclusa- es que el límite de la compensación lo fije, no ya una autoridad independiente como la CNMC, sino el propio Ministerio, y sin garantizar, de momento, que dicho precio de compensación cubra 100% los costes de la energía que compra previamente la comercializadora. Sería una intervención gubernamental de precios del mercado libre.
Las consecuencias
Los efectos en el mercado de la presencia de los agregadores independientes no están escritos, pero sí sabemos cómo evolucionaron los OMVs.
Tras un primer momento de expansión, en el que la propia euforia de los OMVs anunciaba que podrían llegar al 50% de cuota de mercado en 2010, comenzaron los procesos de integración, concentración o desapariciones, pese a que, en su caso, sí operaron con márgenes de beneficio real y no forzados contra mercado.
Con datos de septiembre de 2025 de la CNMC, la cuota de mercado en cuanto a líneas de los OMVs es tan solo del 2,47%, sin embargo, la destrucción de valor en el sector ha sido importante: se detrajeron beneficios que debían de haber sido dedicados a la innovación de servicios digitales porque tuvieron que dedicarse a la mayor batalla comercial, se desataron guerras de precios y muchos servicios de comunicación móvil se trasladaron a la esfera puramente digital, sin que fuesen ofrecidos ni por OMVs ni por comercializadoras móviles tradicionales.
Y esto, apuntan analistas, consultores y fuentes del sector, es lo que podría llegar a suceder en el sector energético con la puesta en escena improvisada de los agregadores independientes.
Sospechan que, en cuanto todo empiece a rodar, “con una propuesta forzada habrá una destrucción de valor acelerada, porque a los agregadores les saldrá, artificialmente y por intervención gubernamental, más barata la energía, generando dinámicas de precios a la baja por ruido competitivo, mientras que en la factura de la electricidad apenas se va a notar , porque ya sabemos que más de la mitad de la factura son costes fijos que dependen del Gobierno y de la CNMC y no de la oferta comercial de las comercializadoras”.
Se preguntan si esto hará que haya mejor competencia y transparencia comercial, y, de momento, hay más dudas que certezas: “si los agregadores independientes canibalizan a las comercializadoras que ya son innovadoras, dentro de unos precios muy ajustados y un sector de economías de escala para márgenes unitarios muy pequeños, tendremos que detraer recursos de la innovación para dedicarlos a una batalla comercial con impacto reducido en la factura final”, aseguran.
Como en ese proceso de integraciones y concentraciones que sufrieron las comercializadoras de telecomunicaciones móviles, en la energía sospechan que los agregadores independientes acabarán quebrando o siendo comprados por las comercializadoras más grandes, precisamente las que no han venido innovando ni siendo un ejemplo de transparencia.
En definitiva, agregan, “habrá una destrucción de valor y esto solo habrá servido para agitar el avispero y que algunos puedan dar un pelotazo vendiendo sus empresas a las incumbentes, que son las que tienen fuelle financiero suficiente para comprarlas y bloquear la libre competencia efectiva”. Y, una vez más, una buena política sobre el papel (mayor transparencia, más competencia, mejor servicio), por una mala y precipitada implantación y ejecución normativa, se convertiría en la defensa de las de siempre.