El fundido a negro en el que España entró el pasado 28 de abril marcará un antes y un después en el sector energético. Por lo que supuso el apagón en aquel momento, pero, sobre todo, por lo que ha generado posteriormente, con el objetivo de que no se vuelva a repetir: sistema reforzado, decreto antiapagones, inversiones en la red... Y todo con un denominador común: su reflejo en la factura de la electricidad.
El apagón debe ser necesariamente el punto de partida para hacer el balance de 2025 en el sector de la energía, por ello, conviene recordar qué pasó: aquel lunes de abril, como siempre, el sistema tenía varias centrales convencionales alerta por si había algún problema. Ese día, explicó en Demócrata el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, había previsto que hubiera 10 centrales listas para actuar. Una de ellas, directamente “se quedó en fuera de juego el día anterior, pero el operador del sistema creyó que con nueve sería suficiente”. Cuando acaeció el incidente inesperado, ocho actuaron de forma eficiente y una lo hizo al revés: aumentó la tensión.
El sistema reforzado
Subsanada la urgencia, Red Eléctrica (REE) se puso a trabajar para evitar repeticiones. Aceleró la tramitación del Procedimiento de Operación (PO) 7.4, que permitirá a las renovables participar en el control de tensión. Aunque la medida estrella ha sido el conocido como sistema reforzado, que consiste en aumentar el número de centrales (principalmente, de gas e hidráulicas) alerta para asegurar la estabilidad del suministro.
Y aquí llega el primer efecto directo del apagón en el ciudadano (más allá de las horas de incertidumbre del 28 de abril), porque estas centrales reciben una compensación económica por estar preparadas. En palabras de Donoso, ese pago ha pasado de 240 a 2.400 millones de euros en 2024 y ya va por los 3.000 en el año actual.
“Una de las centrales que estaban alerta el día del apagón se quedó en fuera de juego el día anterior, pero el operador del sistema creyó que con nueve sería suficiente”
Esas medidas para dar seguridad al servicio eléctrico (denominadas ‘servicios de ajuste’) siempre han existido y las comercializadoras están obligadas a trasladar ese coste cuando fijan sus tarifas. De abril a octubre, indicaron en la OCU, el precio de los servicios de ajuste había superado en algún mes los 20 euros/MWh (2 céntimos adicionales al precio del kWh consumido).
Es decir, un incremento en la factura que ya están notando los clientes del mercado regulado y que, muy probablemente, comenzará a afectar en 2026 a los del mercado libre a la hora de renovar los contratos.
Por esta razón, las comercializadoras independientes piden ciertos cambios. En el webinar El mercado energético y los nuevos costes regulados de 2025, organizado por Octopus Energy, lo explicaron así:
“En la factura hay dos componentes principales, el término de energía (cuyo coste varía en función de lo que se consuma) y el término de potencia (se factura dependiendo del uso de la red que se demande). Y luego hay subcomponentes, que, dentro del término de energía, son el coste de la electricidad (precio de la luz); los peajes de acceso a la red (por hacer uso de la red se paga un canon) y, por último, los cargos -que son decisiones de políticas públicas-, por ejemplo, el tratamiento de los residuos radioactivos”.
Las comercializadoras independientes han solicitado que ese sobrecoste por los ‘servicios de ajuste’ quede regulado y no forme parte del precio de la energía. De este modo, comentan, sería posible hacer una previsión a principios de año, pero, principalmente, establecería incentivos para minimizar estos ajustes de REE, que implican sobrecoste.
Inversión en la red
Si algo ha puesto negro sobre blanco el apagón es que la red de transporte de energía en España está obsoleta y necesita inversiones e intervenciones a muy corto plazo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec) están en pleno tira y afloja –con el Gobierno tratando de hacer de mediador– para establecer la nueva tasa de retribución financiera (TRF), es decir, la rentabilidad que recibirán las distribuidoras de energía eléctrica y gas por sus inversiones en la red.
¿Y quién paga esa TRF? Efectivamente, los consumidores, puesto que se abona en los ‘peajes’ del recibo energético (que ya se verán sobrecargados por el sistema reforzado). Para Marta Castro, directora de Regulación de aelec, “no supondrá un incremento en la factura que pagan los consumidores. Al final, la red de distribución es como las carreteras, cuántos más coches circulan, el peaje medio disminuye. Si la inversión se reparte entre mayor consumo (porque habrá más demanda) bajará el peaje medio y se reducirá la factura”.
Disienten otras fuentes del sector consultadas por este medio, al asegurar que la teoría económica funcionará solo en el largo plazo, pero que en el corto y medio, quizá los próximos 6 años, no será así: toda la subida de la tasa de retribución a redes “la pagaremos los clientes de siempre a través de nuestra factura, todos financiaremos, principalmente, los despliegues de centros de datos que los gobiernos regionales se disputan acaparar”, afirman.
Decreto antiapagones
El gran efecto directo del apagón en la legislación española es el conocido como decreto antiapagones. Tras decaer en el Congreso el 22 de julio (por los votos en contra de PP, Vox, Podemos, Junts, BNG y UPN), el Gobierno optó por aprobar (vía Real Decreto para evitar tener que recibir el visto bueno del Parlamento) una versión algo más enjuta.
Entre lo más destacado, el mandato a la CNMC para que publique en un plazo de tres meses (en el decreto derogado eran 6) un informe de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de control de tensión. Además, en nueve meses (antes 12) deberá completar un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición de todos los agentes participantes en el proceso.
“Las inversiones en la red las pagaremos los clientes de siempre a través de nuestra factura"
Al operador del sistema, Red Eléctrica, se le exige la presentación (en diferentes plazos, que también han cambiado) de los resultados de un proceso de análisis y revisión, en el que se podrán incluir propuestas de modificaciones normativas.
También Red Eléctrica, en 6 meses (y no los 12 originarios), deberá analizar la regulación de los servicios de ajuste (las medidas que se han tomado para evitar nuevos apagones), pensando en la optimización de costes para los consumidores, ergo, en que la factura de la luz no siga subiendo.